Salud
Valeria Casaballe Sansberro denuncia su situación ante el BPS y reclama una pensión por invalidez
Debido a lo importante del reclamo y al haber realizado nosotros varias solicitudes para esta joven es que compartimos el trabajo de los colegas de Diario Helvecia al respecto de las necesidades de esta chica.
la neohelvética Valeria Casaballe (29 años) contó cómo es convivir desde hace más de quince años con una compleja situación de salud, que hoy le impide trabajar y estudiar. Con una discapacidad física severa y un deterioro cognitivo asociado a tratamientos médicos prolongados, denuncia trabas administrativas en el Banco de Previsión Social (BPS) que podrían dejarla nuevamente sin acceso a una pensión por invalidez.
“El origen del problema es una discapacidad física que arrastro desde muy joven. Con el tiempo, y a raíz de la medicación, también se comprobó una discapacidad intelectual. No puedo trabajar ni estudiar, y estoy haciendo los trámites para tratar de conseguir la pensión de invalidez”, explica Casaballe.
La primera vez que inició el trámite, la solicitud fue rechazada debido a los ingresos de sus padres. “Eso fue antes de que existiera la ley de familiares obligados, que salió en 2023”, aclara. En esta segunda oportunidad, asegura que la evaluación médica fue favorable. “Los médicos avalaron que tengo una discapacidad y aprobaron la pensión desde el punto de vista médico, pero ahora todo está en la parte administrativa. Y ahí es donde pueden volver a negármela”.
Casaballe cuestiona el sistema de puntajes utilizado para evaluar la discapacidad.
“Me dieron el mínimo: 60,9 puntos. Apenas nueve décimas por encima del piso. Nunca me informaron claramente cuál era mi puntaje ni me explicaron que al firmar el inicio del trámite administrativo estaba aceptando esa evaluación”, sostiene. Según explica, para acceder a la pensión sin que se consideren los ingresos de los padres, la discapacidad debe ser total.
También denuncia que los médicos del BPS solo tuvieron acceso a los últimos tres años de su historia clínica. “Yo tengo estudios y diagnósticos desde los 12 años, que no fueron considerados. Consulté si podía adjuntar esa documentación para que se revisara el baremo, pero me dijeron que ya no era posible”, relata.
Uno de los principales obstáculos, afirma, es que el BPS suma los ingresos de ambos padres. “Mi padre no se hizo cargo de mí cuando era chica. Le hice más de veinte juicios por pensión alimenticia, incluso siendo mayor de edad. En una causa estuvo cuatro años sin ser localizado y el juicio caducó. Hoy, aun así, computan su sueldo junto al de mi madre para negarme la pensión”, explica.
Actualmente, Valeria depende exclusivamente de su madre. “Ella es la única que se hace cargo de mí y de todos mis gastos médicos. Es madre soltera y no recibe ningún tipo de ayuda. Incluso se ha tenido que endeudar para que yo pueda acceder a tratamientos privados que no me cubren”, señala.
Su situación clínica es particularmente compleja.
Fue sometida a múltiples cirugías de cadera. La primera, con colocación de un tornillo, no resolvió el problema. La segunda implicó la promesa de una prótesis que solo consiguió tras recurrir a un abogado y enfrentar al Ministerio de Salud Pública y al Hospital Policial. “Cuando finalmente me colocaron la prótesis, se infectó. Estuve dos meses internada, la infección se generalizó y casi muero. Después pasé un año en silla de ruedas”, recuerda.
La prótesis definitiva también presentó infecciones recurrentes y fue colocada con cemento, lo que hoy le genera un compromiso nervioso severo. “Ese cemento está apretando el nervio que pasa por la ingle, lo que me provoca un dolor constante e insoportable”, explica.
Como consecuencia, desde hace casi cinco años vive con dolor crónico severo que requiere medicación de alto impacto. “Estoy con morfina subcutánea desde hace años y también con otros opioides fuertes. Entre la medicación que utilizo está el parche de fentanilo, además de metadona, que es fundamental para evitar que tenga que inyectarme la medicación”, detalla.
Sin embargo, denuncia interrupciones graves en el suministro. “La metadona no está llegando al hospital. Esto ya me pasó el año pasado: estuve dos meses sin esa medicación. Es adictiva y su falta me provoca abstinencia severa: convulsiones, temblores, no puedo dormir ni comer”, afirma. Aclara que el problema no es la voluntad del personal de salud, sino la falta de un suministro continuo a nivel nacional. Al contrario, Valeria reconoce que desde que Gabriel Hernández es director del Hospital de Nueva Helvecia se siente mucho más contenida. Pero las soluciones no llegan y se paralizan entre tanta burocracia.
Actualmente evalúa alternativas para mejorar su calidad de vida y reducir la dependencia de opioides. “Me están proponiendo una radiofrecuencia, que es un tratamiento temporal. Yo quiero algo definitivo, como un dispositivo neurológico que permita bloquear el dolor. Para eso tendría que iniciar un recurso de amparo para que lo cubra el Fondo Nacional de Recursos”, explica, aunque advierte que su cuadro infeccioso aún genera dudas médicas.
Casaballe también reclama mayor presencia de cuidados paliativos y policlínicas del dolor en el interior del país. “Todo está centralizado en Montevideo. En el interior no hay equipos especializados. Debería existir una legislación que garantice el acceso y el suministro continuo de medicación indispensable para personas en situaciones como la mía”, sostiene.
Finalmente, anunció que presentó una carta dirigida a diputados y senadores para visibilizar su caso. “Si pudiera acceder a la pensión, tendría una calidad de vida diferente. Podría cubrir tratamientos y medicamentos sin que mi madre tenga que endeudarse. No estoy pidiendo un privilegio, sino que se contemple una realidad que hoy el sistema no está viendo”.
Salud
ASSE sumará tres móviles de salud para brindar atención directa a personas en situación de calle
En el marco de la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, ASSE y Desarrollo Social destinarán tres móviles sanitarios para potenciar la asistencia de cercanía en los refugios y puntos estratégicos del área metropolitana. Las autoridades afirmaron que este despliegue territorial facilitará el acceso inmediato a consultas médicas, vacunación y odontología, y evitará que las personas deban trasladarse para recibir atención.
Los equipos técnicos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) coordinan intervenciones para potenciar el primer nivel de atención respecto a las personas en situación de calle.
La presentación de estas medidas, que forma parten de la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, se desarrolló mediante una rueda de prensa en el Centro Bethania, un dispositivo de atención y albergue sociosanitario ubicado en el barrio Aguada de Montevideo.
La vicepresidenta de ASSE, Marcela Cuadrado, anunció que la institución incorporará tres unidades móviles equipadas para trabajar en los refugios y en puntos estratégicos del área metropolitana.
Al respecto, explicó que el organismo implementa una modalidad de asistencia basada en el primer nivel de atención, a través del despliegue de dos unidades móviles —una destinada a la vacunación y otra con un equipo técnico de médicos, enfermeros y personal de registros—, las cuales operan como una policlínica de atención inmediata, con la infraestructura de los centros.
Los tres nuevos vehículos se sumarán a este dispositivo existente para cuadruplicar la capacidad operativa y reforzar de manera integral la atención en salud con médicos, licenciadas en enfermería, odontólogos, vacunadores y parteras.
Cuadrado adelantó que, tras consolidar y evaluar la funcionalidad de este modelo en la capital y sus alrededores, la estrategia de descentralización se replicará en otros departamentos del interior del país que presentan necesidades similares, entre los que mencionó prioritariamente a Maldonado y Paysandú.
La jerarca enfatizó que la ampliación del servicio responde directamente a las necesidades de la población atendida, que demanda una mejor asistencia, acceso a consultas odontológicas y la entrega directa de medicamentos en el lugar, para evitar traslados.
Por su parte, el director nacional de Protección Social, Daniel Gerhard, enfatizó la importancia de acercar las respuestas sanitarias a la población vulnerable. Señaló que la situación de calle es un fenómeno complejo asociado a múltiples factores, como la falta de vivienda y las dificultades de inserción educativa y laboral.
«Uno de los ejes que había que reforzar eran los de salud, y por eso es que queremos que los centros sean también nodos de salud», afirmó el jerarca, quien ponderó el trabajo conjunto con ASSE y el Ministerio de Salud Pública.
Centros de contención y respuesta inmediata
Por otra parte, Gerhard destacó la consolidación de los centros de contención y respuesta inmediata, como una modalidad innovadora implementada desde el último año para abordar la situación de calle. Estos dispositivos presentan dimensiones más amplias y ofrecen un marco de mayor flexibilidad en comparación con los refugios tradicionales con el fin de facilitar el acceso a los servicios esenciales del Estado, indicó.
Añadió que en la actualidad hay cuatro dispositivos en funcionamiento con un total de 400 plazas que operan bajo criterios de flexibilidad para garantizar una cobertura oportuna y de calidad. Este modelo constituye uno de los pilares fundamentales de la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, afirmó.
Asimismo, asoció el funcionamiento de estos espacios con políticas de cercanía implementadas por la cartera, entre las que mencionó el plan Comunidad a la Calle y el despliegue de las duplas itinerantes. Según manifestó, el objetivo central es permitir que las personas puedan ingresar a los dispositivos de resguardo en cualquier momento que lo deseen —con la debida intermediación de los equipos técnicos del Mides—, superando las rigideces de los horarios fijos de entrada.
Crédito fotos: Mides – Florencia Carvalho
El fallo judicial obliga a la cartera a suministrar una bomba intratecal de morfina valorada en más de 1,5 millones de pesos.
El Poder Judicial de Uruguay, a través de una sentencia dictada por la Jueza Letrada Dra. María del Carmen Álvarez, amparó la acción de amparo promovida por Valeria Casaballe Sansberro, una joven de 29 años que padece dolor neuropático severo, crónico e invalidante desde hace 15 años. Mediante la Sentencia N.º 58/2026, de fecha 22 de mayo de 2026, se ordenó al Ministerio de Salud Pública (MSP) suministrar un dispositivo médico de alta complejidad y cubrir la totalidad de los costos asociados a su implantación.
La paciente, tras someterse a múltiples cirugías y tratamientos médicos que resultaron fallidos, recibió la indicación de su médico tratante para la colocación de una bomba intratecal de morfina Synchromed II (Medtronic). El costo del dispositivo supera el millón y medio de pesos uruguayos, una cifra que, sumada a los honorarios médicos y los gastos quirúrgicos, resultaba inaccesible para la situación económica de la demandante. Ante la negativa de las autoridades sanitarias, Casaballe inició acciones legales contra el MSP y el Fondo Nacional de Recursos (FNR).
Durante el proceso judicial, el MSP argumentó que el procedimiento en cuestión no se encuentra incluido en el Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS), sosteniendo que su rechazo no configuraba una ilegitimidad manifiesta. Por su parte, el FNR planteó una excepción de falta de legitimación pasiva, bajo el argumento de que la institución solo financia aquellas prestaciones que formalmente integran el PIAS o el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM).
Fundamentos del fallo y precedente legal
La resolución de la Dra. Álvarez validó la defensa del FNR, desestimando la demanda en lo que respecta a esta institución. Sin embargo, falló en contra del MSP, declarando la ilegitimidad manifiesta de su negativa. El dictamen del Tribunal se fundamentó en la urgencia y necesidad del tratamiento —respaldada por un test intratecal previo que demostró una reducción del 90% en el dolor de la paciente—, la falta de recursos de la joven y la vulneración de los derechos constitucionales a la salud y a la vida digna.
El fallo obliga de forma inmediata al Ministerio de Salud Pública a proporcionar la bomba intratecal de morfina y a asumir todos los gastos del procedimiento, incluidos los insumos médicos, el uso de la sala quirúrgica y los honorarios del equipo profesional. La defensa de la demandante estuvo a cargo del Estudio Jurídico Carmen Vázquez Sibils & Asociados. Esta sentencia se alinea con la jurisprudencia nacional en materia de recursos de amparo, reforzando la obligación del Estado de garantizar el acceso a tratamientos médicos de alto costo cuando se acredita la inviabilidad económica del paciente y el riesgo para su integridad fundamental.
Carmen Hernández sufrió una fractura de rodilla tras caerse debido al desgaste de sus prótesis actuales. Se habilitaron cuentas en Redpagos y un colectivo en línea para costear los nuevos implementos de movilidad.
Una vecina de la ciudad de Juan Lacaze, en el departamento de Colonia, inició una campaña de recolección de fondos con el objetivo de adquirir nuevas prótesis para sus piernas. El llamado a la solidaridad surge tras un reciente accidente doméstico que complicó severamente su estado de salud y su movilidad cotidiana.
La protagonista de la convocatoria es Carmen Hernández, quien utiliza prótesis de manera permanente para desplazarse. Según explicó la afectada, el uso continuo de estos dispositivos generó un desgaste crítico en su estructura, lo que derivó en una desestabilización y una posterior caída en la que sufrió la fractura de una de sus rodillas.
Ante la urgencia de su situación médica y con el fin de evitar futuros accidentes que pongan en riesgo su integridad física, Hernández apela a la colaboración de la comunidad para costear el reemplazo de los implementos. Las vías de ayuda económica ya se encuentran habilitadas tanto para aportes locales como desde el exterior del país.
Datos para colaborar:
Para quienes deseen realizar transferencias o depósitos dentro del territorio uruguayo, se dispuso de la siguiente cuenta:
- Institución: MiDinero / Redpagos
- Titular: Carmen Hernández
- Cédula de Identidad: 3.498.733-7
Asimismo, se encuentra activo un canal de recaudación digital accesible desde cualquier dispositivo, apto para colaboraciones nacionales e internacionales:
Colectivo en línea: colectate.com.uy/carmen
Si alguna persona de alma solidaria quiere estar en contacto con Carmen,
su Whats App 092 903 603
Imprimado en calles de barrio Independencia. Artigas
𝐌𝐚́𝐬 𝐝𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞, 𝐦𝐚́𝐬 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫
Juntos contra el suicidio
Uruguay cayó ante España y quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026
