Salud
Valeria Casaballe Sansberro denuncia su situación ante el BPS y reclama una pensión por invalidez
Debido a lo importante del reclamo y al haber realizado nosotros varias solicitudes para esta joven es que compartimos el trabajo de los colegas de Diario Helvecia al respecto de las necesidades de esta chica.
la neohelvética Valeria Casaballe (29 años) contó cómo es convivir desde hace más de quince años con una compleja situación de salud, que hoy le impide trabajar y estudiar. Con una discapacidad física severa y un deterioro cognitivo asociado a tratamientos médicos prolongados, denuncia trabas administrativas en el Banco de Previsión Social (BPS) que podrían dejarla nuevamente sin acceso a una pensión por invalidez.
“El origen del problema es una discapacidad física que arrastro desde muy joven. Con el tiempo, y a raíz de la medicación, también se comprobó una discapacidad intelectual. No puedo trabajar ni estudiar, y estoy haciendo los trámites para tratar de conseguir la pensión de invalidez”, explica Casaballe.
La primera vez que inició el trámite, la solicitud fue rechazada debido a los ingresos de sus padres. “Eso fue antes de que existiera la ley de familiares obligados, que salió en 2023”, aclara. En esta segunda oportunidad, asegura que la evaluación médica fue favorable. “Los médicos avalaron que tengo una discapacidad y aprobaron la pensión desde el punto de vista médico, pero ahora todo está en la parte administrativa. Y ahí es donde pueden volver a negármela”.
Casaballe cuestiona el sistema de puntajes utilizado para evaluar la discapacidad.
“Me dieron el mínimo: 60,9 puntos. Apenas nueve décimas por encima del piso. Nunca me informaron claramente cuál era mi puntaje ni me explicaron que al firmar el inicio del trámite administrativo estaba aceptando esa evaluación”, sostiene. Según explica, para acceder a la pensión sin que se consideren los ingresos de los padres, la discapacidad debe ser total.
También denuncia que los médicos del BPS solo tuvieron acceso a los últimos tres años de su historia clínica. “Yo tengo estudios y diagnósticos desde los 12 años, que no fueron considerados. Consulté si podía adjuntar esa documentación para que se revisara el baremo, pero me dijeron que ya no era posible”, relata.
Uno de los principales obstáculos, afirma, es que el BPS suma los ingresos de ambos padres. “Mi padre no se hizo cargo de mí cuando era chica. Le hice más de veinte juicios por pensión alimenticia, incluso siendo mayor de edad. En una causa estuvo cuatro años sin ser localizado y el juicio caducó. Hoy, aun así, computan su sueldo junto al de mi madre para negarme la pensión”, explica.
Actualmente, Valeria depende exclusivamente de su madre. “Ella es la única que se hace cargo de mí y de todos mis gastos médicos. Es madre soltera y no recibe ningún tipo de ayuda. Incluso se ha tenido que endeudar para que yo pueda acceder a tratamientos privados que no me cubren”, señala.
Su situación clínica es particularmente compleja.
Fue sometida a múltiples cirugías de cadera. La primera, con colocación de un tornillo, no resolvió el problema. La segunda implicó la promesa de una prótesis que solo consiguió tras recurrir a un abogado y enfrentar al Ministerio de Salud Pública y al Hospital Policial. “Cuando finalmente me colocaron la prótesis, se infectó. Estuve dos meses internada, la infección se generalizó y casi muero. Después pasé un año en silla de ruedas”, recuerda.
La prótesis definitiva también presentó infecciones recurrentes y fue colocada con cemento, lo que hoy le genera un compromiso nervioso severo. “Ese cemento está apretando el nervio que pasa por la ingle, lo que me provoca un dolor constante e insoportable”, explica.
Como consecuencia, desde hace casi cinco años vive con dolor crónico severo que requiere medicación de alto impacto. “Estoy con morfina subcutánea desde hace años y también con otros opioides fuertes. Entre la medicación que utilizo está el parche de fentanilo, además de metadona, que es fundamental para evitar que tenga que inyectarme la medicación”, detalla.
Sin embargo, denuncia interrupciones graves en el suministro. “La metadona no está llegando al hospital. Esto ya me pasó el año pasado: estuve dos meses sin esa medicación. Es adictiva y su falta me provoca abstinencia severa: convulsiones, temblores, no puedo dormir ni comer”, afirma. Aclara que el problema no es la voluntad del personal de salud, sino la falta de un suministro continuo a nivel nacional. Al contrario, Valeria reconoce que desde que Gabriel Hernández es director del Hospital de Nueva Helvecia se siente mucho más contenida. Pero las soluciones no llegan y se paralizan entre tanta burocracia.
Actualmente evalúa alternativas para mejorar su calidad de vida y reducir la dependencia de opioides. “Me están proponiendo una radiofrecuencia, que es un tratamiento temporal. Yo quiero algo definitivo, como un dispositivo neurológico que permita bloquear el dolor. Para eso tendría que iniciar un recurso de amparo para que lo cubra el Fondo Nacional de Recursos”, explica, aunque advierte que su cuadro infeccioso aún genera dudas médicas.
Casaballe también reclama mayor presencia de cuidados paliativos y policlínicas del dolor en el interior del país. “Todo está centralizado en Montevideo. En el interior no hay equipos especializados. Debería existir una legislación que garantice el acceso y el suministro continuo de medicación indispensable para personas en situaciones como la mía”, sostiene.
Finalmente, anunció que presentó una carta dirigida a diputados y senadores para visibilizar su caso. “Si pudiera acceder a la pensión, tendría una calidad de vida diferente. Podría cubrir tratamientos y medicamentos sin que mi madre tenga que endeudarse. No estoy pidiendo un privilegio, sino que se contemple una realidad que hoy el sistema no está viendo”.
Salud
Justicia ordena al MSP financiar tratamiento de alto costo a joven con dolor crónico
El fallo judicial obliga a la cartera a suministrar una bomba intratecal de morfina valorada en más de 1,5 millones de pesos.
El Poder Judicial de Uruguay, a través de una sentencia dictada por la Jueza Letrada Dra. María del Carmen Álvarez, amparó la acción de amparo promovida por Valeria Casaballe Sansberro, una joven de 29 años que padece dolor neuropático severo, crónico e invalidante desde hace 15 años. Mediante la Sentencia N.º 58/2026, de fecha 22 de mayo de 2026, se ordenó al Ministerio de Salud Pública (MSP) suministrar un dispositivo médico de alta complejidad y cubrir la totalidad de los costos asociados a su implantación.
La paciente, tras someterse a múltiples cirugías y tratamientos médicos que resultaron fallidos, recibió la indicación de su médico tratante para la colocación de una bomba intratecal de morfina Synchromed II (Medtronic). El costo del dispositivo supera el millón y medio de pesos uruguayos, una cifra que, sumada a los honorarios médicos y los gastos quirúrgicos, resultaba inaccesible para la situación económica de la demandante. Ante la negativa de las autoridades sanitarias, Casaballe inició acciones legales contra el MSP y el Fondo Nacional de Recursos (FNR).
Durante el proceso judicial, el MSP argumentó que el procedimiento en cuestión no se encuentra incluido en el Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS), sosteniendo que su rechazo no configuraba una ilegitimidad manifiesta. Por su parte, el FNR planteó una excepción de falta de legitimación pasiva, bajo el argumento de que la institución solo financia aquellas prestaciones que formalmente integran el PIAS o el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM).
Fundamentos del fallo y precedente legal
La resolución de la Dra. Álvarez validó la defensa del FNR, desestimando la demanda en lo que respecta a esta institución. Sin embargo, falló en contra del MSP, declarando la ilegitimidad manifiesta de su negativa. El dictamen del Tribunal se fundamentó en la urgencia y necesidad del tratamiento —respaldada por un test intratecal previo que demostró una reducción del 90% en el dolor de la paciente—, la falta de recursos de la joven y la vulneración de los derechos constitucionales a la salud y a la vida digna.
El fallo obliga de forma inmediata al Ministerio de Salud Pública a proporcionar la bomba intratecal de morfina y a asumir todos los gastos del procedimiento, incluidos los insumos médicos, el uso de la sala quirúrgica y los honorarios del equipo profesional. La defensa de la demandante estuvo a cargo del Estudio Jurídico Carmen Vázquez Sibils & Asociados. Esta sentencia se alinea con la jurisprudencia nacional en materia de recursos de amparo, reforzando la obligación del Estado de garantizar el acceso a tratamientos médicos de alto costo cuando se acredita la inviabilidad económica del paciente y el riesgo para su integridad fundamental.
Salud
Campaña solidaria, vecina de Juan Lacaze busca recaudar fondos para renovar sus prótesis
Carmen Hernández sufrió una fractura de rodilla tras caerse debido al desgaste de sus prótesis actuales. Se habilitaron cuentas en Redpagos y un colectivo en línea para costear los nuevos implementos de movilidad.
Una vecina de la ciudad de Juan Lacaze, en el departamento de Colonia, inició una campaña de recolección de fondos con el objetivo de adquirir nuevas prótesis para sus piernas. El llamado a la solidaridad surge tras un reciente accidente doméstico que complicó severamente su estado de salud y su movilidad cotidiana.
La protagonista de la convocatoria es Carmen Hernández, quien utiliza prótesis de manera permanente para desplazarse. Según explicó la afectada, el uso continuo de estos dispositivos generó un desgaste crítico en su estructura, lo que derivó en una desestabilización y una posterior caída en la que sufrió la fractura de una de sus rodillas.
Ante la urgencia de su situación médica y con el fin de evitar futuros accidentes que pongan en riesgo su integridad física, Hernández apela a la colaboración de la comunidad para costear el reemplazo de los implementos. Las vías de ayuda económica ya se encuentran habilitadas tanto para aportes locales como desde el exterior del país.
Datos para colaborar:
Para quienes deseen realizar transferencias o depósitos dentro del territorio uruguayo, se dispuso de la siguiente cuenta:
- Institución: MiDinero / Redpagos
- Titular: Carmen Hernández
- Cédula de Identidad: 3.498.733-7
Asimismo, se encuentra activo un canal de recaudación digital accesible desde cualquier dispositivo, apto para colaboraciones nacionales e internacionales:
Colectivo en línea: colectate.com.uy/carmen
Si alguna persona de alma solidaria quiere estar en contacto con Carmen,
su Whats App 092 903 603
Salud
La OMS otorgó a Uruguay el Premio Mundial Sin Tabaco 2026 por su trayectoria y liderazgo en control del tabaco
La ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg, recibió este martes en Ginebra el reconocimiento otorgado por la Organización Mundial de la Salud, que distingue la trayectoria de Uruguay en políticas de control del tabaquismo.
Uruguay recibió este martes en Ginebra el Premio Mundial Sin Tabaco 2026 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un reconocimiento internacional que destaca el trabajo sostenido del país en la prevención y el control del tabaquismo. La distinción fue recibida por la ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg, en representación del país.
El premio reconoce más de dos décadas de políticas públicas impulsadas por Uruguay para proteger la salud de la población frente a una de las principales causas de enfermedad y muerte prevenible.
Desde la ratificación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en 2004, Uruguay desarrolló medidas pioneras a nivel regional e internacional. En 2006 se convirtió en el primer país de América en prohibir fumar en espacios cerrados de uso público y posteriormente avanzó en políticas de empaquetado y advertencias sanitarias que se transformaron en referencia mundial.
La OMS destacó especialmente el fortalecimiento reciente de las políticas de control del tabaco impulsadas por el Ministerio de Salud Pública. Entre las medidas señaladas se encuentra la derogación de decretos que habían debilitado el empaquetado neutro y permitido la comercialización de productos de tabaco calentado, retomando así los estándares más altos de regulación sanitaria.
El reconocimiento también valoró la participación activa de Uruguay en los principales ámbitos internacionales vinculados al Convenio Marco para el Control del Tabaco. En ese marco, la ministra Cristina Lustemberg integró la delegación uruguaya en la 11ª Conferencia de las Partes (COP11) y en la cuarta reunión de las partes del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco (MOP4), dónde el país contribuyó al debate y acuerdos sobre medidas claves para la protección del derecho a la salud.
El tabaquismo continúa siendo la principal causa de muerte evitable en Uruguay y en el mundo, responsable de más de ocho millones de muertes anuales según la OMS.
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