Valeria Casaballe Sansberro denuncia su situación ante el BPS y reclama una pensión por invalidez

Debido a lo importante del reclamo y al haber realizado nosotros varias solicitudes para esta joven es que compartimos el trabajo de los colegas de Diario Helvecia al respecto de las necesidades de esta chica.
la neohelvética Valeria Casaballe (29 años) contó cómo es convivir desde hace más de quince años con una compleja situación de salud, que hoy le impide trabajar y estudiar. Con una discapacidad física severa y un deterioro cognitivo asociado a tratamientos médicos prolongados, denuncia trabas administrativas en el Banco de Previsión Social (BPS) que podrían dejarla nuevamente sin acceso a una pensión por invalidez.

“El origen del problema es una discapacidad física que arrastro desde muy joven. Con el tiempo, y a raíz de la medicación, también se comprobó una discapacidad intelectual. No puedo trabajar ni estudiar, y estoy haciendo los trámites para tratar de conseguir la pensión de invalidez”, explica Casaballe.

La primera vez que inició el trámite, la solicitud fue rechazada debido a los ingresos de sus padres. “Eso fue antes de que existiera la ley de familiares obligados, que salió en 2023”, aclara. En esta segunda oportunidad, asegura que la evaluación médica fue favorable. “Los médicos avalaron que tengo una discapacidad y aprobaron la pensión desde el punto de vista médico, pero ahora todo está en la parte administrativa. Y ahí es donde pueden volver a negármela”.

Casaballe cuestiona el sistema de puntajes utilizado para evaluar la discapacidad.
“Me dieron el mínimo: 60,9 puntos. Apenas nueve décimas por encima del piso. Nunca me informaron claramente cuál era mi puntaje ni me explicaron que al firmar el inicio del trámite administrativo estaba aceptando esa evaluación”, sostiene. Según explica, para acceder a la pensión sin que se consideren los ingresos de los padres, la discapacidad debe ser total.

También denuncia que los médicos del BPS solo tuvieron acceso a los últimos tres años de su historia clínica. “Yo tengo estudios y diagnósticos desde los 12 años, que no fueron considerados. Consulté si podía adjuntar esa documentación para que se revisara el baremo, pero me dijeron que ya no era posible”, relata.

Uno de los principales obstáculos, afirma, es que el BPS suma los ingresos de ambos padres. “Mi padre no se hizo cargo de mí cuando era chica. Le hice más de veinte juicios por pensión alimenticia, incluso siendo mayor de edad. En una causa estuvo cuatro años sin ser localizado y el juicio caducó. Hoy, aun así, computan su sueldo junto al de mi madre para negarme la pensión”, explica.

Actualmente, Valeria depende exclusivamente de su madre. “Ella es la única que se hace cargo de mí y de todos mis gastos médicos. Es madre soltera y no recibe ningún tipo de ayuda. Incluso se ha tenido que endeudar para que yo pueda acceder a tratamientos privados que no me cubren”, señala.

Su situación clínica es particularmente compleja.
Fue sometida a múltiples cirugías de cadera. La primera, con colocación de un tornillo, no resolvió el problema. La segunda implicó la promesa de una prótesis que solo consiguió tras recurrir a un abogado y enfrentar al Ministerio de Salud Pública y al Hospital Policial. “Cuando finalmente me colocaron la prótesis, se infectó. Estuve dos meses internada, la infección se generalizó y casi muero. Después pasé un año en silla de ruedas”, recuerda.

La prótesis definitiva también presentó infecciones recurrentes y fue colocada con cemento, lo que hoy le genera un compromiso nervioso severo. “Ese cemento está apretando el nervio que pasa por la ingle, lo que me provoca un dolor constante e insoportable”, explica.

Como consecuencia, desde hace casi cinco años vive con dolor crónico severo que requiere medicación de alto impacto. “Estoy con morfina subcutánea desde hace años y también con otros opioides fuertes. Entre la medicación que utilizo está el parche de fentanilo, además de metadona, que es fundamental para evitar que tenga que inyectarme la medicación”, detalla.

Sin embargo, denuncia interrupciones graves en el suministro. “La metadona no está llegando al hospital. Esto ya me pasó el año pasado: estuve dos meses sin esa medicación. Es adictiva y su falta me provoca abstinencia severa: convulsiones, temblores, no puedo dormir ni comer”, afirma. Aclara que el problema no es la voluntad del personal de salud, sino la falta de un suministro continuo a nivel nacional. Al contrario, Valeria reconoce que desde que Gabriel Hernández es director del Hospital de Nueva Helvecia se siente mucho más contenida. Pero las soluciones no llegan y se paralizan entre tanta burocracia.

Actualmente evalúa alternativas para mejorar su calidad de vida y reducir la dependencia de opioides. “Me están proponiendo una radiofrecuencia, que es un tratamiento temporal. Yo quiero algo definitivo, como un dispositivo neurológico que permita bloquear el dolor. Para eso tendría que iniciar un recurso de amparo para que lo cubra el Fondo Nacional de Recursos”, explica, aunque advierte que su cuadro infeccioso aún genera dudas médicas.

Casaballe también reclama mayor presencia de cuidados paliativos y policlínicas del dolor en el interior del país. “Todo está centralizado en Montevideo. En el interior no hay equipos especializados. Debería existir una legislación que garantice el acceso y el suministro continuo de medicación indispensable para personas en situaciones como la mía”, sostiene.

Finalmente, anunció que presentó una carta dirigida a diputados y senadores para visibilizar su caso. “Si pudiera acceder a la pensión, tendría una calidad de vida diferente. Podría cubrir tratamientos y medicamentos sin que mi madre tenga que endeudarse. No estoy pidiendo un privilegio, sino que se contemple una realidad que hoy el sistema no está viendo”.