Las maniobras pue3den incluir, desde falsas ofertas laborales, ventas de vehículos inexistentes y el robo de claves bancarias bajo engaño. Especialistas piden extremar cuidados ante solicitudes de transferencias inmediatas.
En los últimos meses, las denuncias por estafas y fraudes electrónicos han registrado un incremento sostenido en Uruguay. Bajo diversas modalidades que apelan a la urgencia o a la oportunidad económica, los delincuentes logran que los ciudadanos entreguen voluntariamente dinero o credenciales de acceso a sus cuentas bancarias, consolidando una problemática que afecta a diversos estratos sociales.
Una de las maniobras más recurrentes es la estafa en la compraventa de vehículos. Los delincuentes publican ofertas atractivas en redes sociales o plataformas de venta; cuando el interesado se contacta, el supuesto vendedor exige el giro de una seña o el pago total para «asegurar el negocio» sin permitir ver el vehículo previamente. Una vez realizado el depósito, los estafadores interrumpen toda comunicación, dejando a la víctima sin el dinero y sin el rodado.
Asimismo, se ha detectado un auge en las falsas promesas de empleo. A través de contactos por servicios de mensajería o redes sociales, se ofrecen puestos de trabajo con remuneraciones competitivas. Sin embargo, para concretar la contratación, se le solicita al aspirante que gire dinero destinado a supuestos «gastos administrativos» o trámites legales. Tras el pago, la oferta laboral desaparece.
Finalmente, el phishing o robo de claves sigue siendo una de las amenazas más críticas. Los estafadores, fingiendo ser personal de instituciones financieras, solicitan mediante engaños las contraseñas de e-Banking. Con estos datos, los delincuentes vacían las cuentas de las víctimas en cuestión de minutos.
Recomendaciones para evitar caer en engaños:
• No transferir dinero sin haber verificado físicamente el producto (especialmente vehículos o inmuebles).
• Desconfiar de ofertas laborales que requieran un pago previo para ingresar.
• Recordar que ningún banco solicita claves de acceso, pines o datos sensibles por teléfono o mensaje.

El hecho ocurrió en la noche del martes a la altura de María M. Flores. La motocicleta se incendió tras el impacto y la víctima aún no ha sido identificada.
Un siniestro de tránsito con consecuencias fatales se registró aproximadamente a las 20:30 horas del 15 de abril en la intersección de la Ruta Nacional N.º 1 y la calle María M. Flores, en Montevideo. El incidente involucró a una camioneta y una motocicleta, resultando en el fallecimiento del conductor del vehículo de menor porte.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales hallaron la motocicleta envuelta en llamas y a una persona tendida sobre la calzada. Una unidad de emergencia médica móvil constató el fallecimiento en el sitio. Hasta el momento, las autoridades no han podido establecer la identidad de la víctima de forma oficial.

El conductor de la camioneta, un joven de 22 años, declaró ante la Policía que detuvo su marcha tras sentir un impacto mientras circulaba por la ruta. Según el reporte oficial, se le practicaron exámenes de espirometría y detección de THC, arrojando en ambos casos resultados negativos.

En la escena trabajó personal de la dotación de Bomberos para extinguir el fuego en el birrodado, mientras que los peritos de Policía Científica realizaron el relevamiento técnico para determinar la dinámica de la colisión.

El caso está bajo la órbita de la Fiscalía de Flagrancia de 14º Turno, la cual dispuso el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, la toma de testimonios y la preservación del lugar para continuar con las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.

En el marco de las actuaciones continuadas de la operación antidrogas denominada «Anfisbena», la Justicia de Colonia dispuso una nueva condena que eleva a 48 el número total de personas formalizadas por este operativo.
En esta instancia, el hombre identificado como L.S.M., de 28 años, quien ya se encontraba privado de libertad por otras causas, fue conducido ante la sede judicial. Tras la audiencia, resultó condenado como autor penalmente responsable de un delito previsto en el
Artículo 32 del Decreto Ley 14.294.
La pena impuesta por la Justicia es de cinco años de penitenciaría.