La empresa pública realizó este jueves 14 el traslado marítimo de la boya gemela desde la Refinería de La Teja hasta Terminal del Este, en Maldonado. La nueva infraestructura es clave para la recepción del petróleo crudo que abastece a la refinería de La Teja. Su cambio se realiza cada 10 u 12 años y, en promedio, operan entre 15 y 20 buques petroleros por año a través de esta instalación.
El ente energético trabaja en el reemplazo de la actual boya petrolera ubicada en el Terminal del Este, por una boya gemela que permanece en la refinería de La Teja en mantenimiento hasta el momento del cambio, hecho que ocurre cada 10 o 12 años.

La botadura de la boya de reemplazo se realizó el lunes 11 y este jueves fue trasladada vía marítima para realizar la sustitución, en un recorrido que durará unas 30 horas.

Allí se completará el desmontaje de la actual y se conectará la nueva infraestructura clave para la recepción del petróleo crudo que abastece a la refinería de La Teja.

Esta sustitución forma parte de una estrategia de mantenimiento e inversión orientada a preservar una infraestructura clave para la seguridad energética del país.
Funcionamiento de la boya petrolera
La boya petrolera permite la descarga directa desde buques de gran porte, de hasta 150.000 toneladas de desplazamiento, optimizando la logística de abastecimiento y contribuyendo a la eficiencia del sistema.

La infraestructura está integrada por una monoboya de amarre diseñada bajo el sistema Single Point Mooring (SPM ), que permite el amarre seguro de buques de gran desplazamiento en mar abierto, manguerotes flotantes y submarinos, así como un sistema de control submarino denominado Pipeline End Manifold (PLEM), que cumple funciones clave en la conexión, distribución y control del flujo de crudo.

Las operaciones en la boya son ejecutadas por Ancap y están sujetas a la fiscalización de organismos nacionales competentes, entre ellos el Ministerio de Ambiente y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que realizan inspecciones, monitoreo ambiental y análisis periódicos.

Asimismo, la operativa se desarrolla en cumplimiento de estándares internacionales en materia de seguridad y protección ambiental.

En complemento a estos controles, la operación de la boya cuenta con múltiples medidas orientadas a minimizar riesgos ambientales, entre ellas un sistema de manguerotes de doble carcaza para prevenir fugas, protocolos estrictos de seguridad e inspecciones periódicas de los oleoductos submarinos y de las instalaciones asociadas.

Su ubicación mar adentro, a varios kilómetros de la costa, reduce riesgos directos sobre las comunidades costeras, mientras se realizan monitoreos constantes de agua, sedimentos y playas de Maldonado para verificar que no existan afectaciones ambientales ni sobre la actividad turística.
Infraestructura estratégica para el país
La boya petrolera constituye un componente crítico para el abastecimiento energético nacional. En promedio, operan entre 15 y 20 buques petroleros por año a través de esta instalación.

A su vez, Ancap cuenta con reservas estratégicas y mecanismos de respaldo para garantizar la continuidad del suministro energético ante eventuales contingencias.

Antes de la instalación del Terminal del Este en 1982, el petróleo crudo era descargado por buques de menor porte directamente en el puerto de Montevideo, un esquema que implicaba mayores costos de flete y limitaciones en los volúmenes de recepción.

La incorporación de la boya petrolera permitió operar con superpetroleros, optimizar la logística de abastecimiento, reducir costos y asegurar un flujo más eficiente de crudo hacia la refinería de La Teja.

La Secretaría para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) abrió las inscripciones en su sitio web a los dos nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, informó la titular del organismo, Sandra Libonatti.
El cambio introduce a los fiduciarios no financieros que no están controlados por el Banco Central del Uruguay (BCU) y a los prestadores de servicios profesionales de administración, contabilidad, gestión de negocios o procesamiento de datos que, desde Uruguay, trabajan con personas o firmas con actividades en el exterior.

Estos sujetos obligados estaban controlados por el BCU y la modificación los incorporó a la fiscalización de la Senaclaft, precisó Libonatti, en diálogo con Comunicación Presidencial. La inscripción ya está abierta en la página web de la dependencia, tanto en el registro de sujetos obligados como del domicilio electrónico (Domel).

El cambio se originó a partir de la ley n.°20.469, del 19 de marzo de 2026, que modificó el artículo 13 de la Ley Integral de Lavado de Activos, n.°19.574, del 20 de diciembre de 2017, y se ejecuta a partir de la resolución n.°54/2026, del 12 de mayo de 2026.
Fiscalización de sujetos obligados
La jerarca indicó que los sujetos obligados son aquellas entidades definidas por ley que deben contar con un sistema de prevención para no ser utilizados en el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. La norma los clasifica en sujetos de los sectores financiero y no financiero.

Los sujetos obligados del sector financiero están bajo la fiscalización o supervisión del BCU: bancos, casas de cambio de moneda extranjera o instituciones dedicadas a la intermediación financiera, entre otros.

Los del sector no financiero son controlados por la Senaclaft y comprenden, entre otros, a las inmobiliarias; los abogados, los contadores o los escribanos que se desempeñen en la administración de dinero, valores o bienes de personas jurídicas; los rematadores; los explotadores o usuarios directos de zonas francas; las asociaciones civiles sin fines de lucro, las sociedades anónimas deportivas y las administradoras de fondos previsionales.

Es a este último grupo que se suman los fiduciarios no financieros y los prestadores de servicios para personas físicas o jurídicas con actividad en el exterior.

Libonatti explicó la modificación en el marco de la cooperación internacional, debido a que Uruguay debe estar capacitado para suministrar la información que estas entidades requieran.

Récord de reportes de operaciones en 2026
El año pasado fueron reportados 1.080 operaciones sospechosas de lavado de activos ante la Unidad de Información y Análisis Financiero, 12% más que el año anterior, según la memoria anual del organismo. El sector financiero informó acerca de 973 operaciones, mientras que el sector no financiero presentó 107 casos. Es “la mayor cantidad de reportes desde que existe la obligación” de presentar informes, se asegura en el documento.

En este marco, Libonatti sostuvo que una de las metas de la Senaclaft es “tratar de incidir en la percepción de riesgo”. Recordó que la baja percepción repercutía en la reducida cantidad de casos desde el sector no financiero. Esto motivó la organización de varias actividades del organismo, como capacitaciones en los departamentos del interior del país, charlas y talleres.

“Creemos que hemos dado algún paso en ese sentido”, dijo la jerarca, pero, aseveró, aún resta profundizar el trabajo para que comprendan su importante rol a fin de que Uruguay cuente con un sistema de prevención del lavado de activos fortalecido.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó en la presentación del nuevo portal de Uruguay Concursa, herramienta única que garantiza la transparencia en el ingreso a la Administración Pública de forma democrática y en base a méritos. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, subrayó su aspiración de sentar las bases para tener una Escuela Superior Universitaria de Formación del Servicio Civil.

Desde su formalización legal en 2010 y el lanzamiento de su plataforma en 2011, Uruguay Concursa funcionó como una herramienta para el proceso de acceso a la función pública. Este sistema, que funciona bajo la órbita de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), transformó la gestión humana estatal, para brindar las garantías necesarias.

Durante la ceremonia de conmemoración del aniversario de este mecanismo, realizada el jueves 14 en Torre Ejecutiva, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó el trabajo de los funcionarios de la ONSC y el rol que cumple esa oficina en la capacitación, formación y trabajo del servicio público.

“Generalmente, tendemos a pensar poco en esto, pero detrás de cada uno de los derechos que ejercemos los ciudadanos, hay un funcionario público, garantizando ese derecho”, sostuvo.

Agregó que, Uruguay no sería lo que es hoy si no contara con un servicio público comprometido con un proyecto de país, por lo que destacó a los funcionarios públicos.

En ese contexto, subrayó que el acceso al Estado debe ser democrático, lo que es clave para pensar el país del futuro, la democracia y el desarrollo.
Habló del legado del expresidente José Mujica y su esfuerzo para algunas transformaciones, como, precisamente, la introducción de esta nueva herramienta en el Estado, impulsada desde su presidencia.

“Precisamos hacer que la tecnología, la innovación y la inteligencia artificial nos permita hacer mejor las tareas que a veces son repetitivas, para darle más sentido al trabajo humano que lleva adelante la función pública”, acotó.

Y, en ese sentido, dijo: “Tenemos que asumir el desafío de que los uruguayos nos merecemos seguir evolucionando en nuestro servicio civil, y aspirar, o por lo menos sentar las bases, para tener una Escuela Superior Universitaria de Formación del Servicio Civil”.

“Tenemos que ir hacia un Estado más eficiente, más inteligente y capacitado, porque eso garantizará el acceso a más derechos de los ciudadanos”, reflexionó.

Profesionalización del ingreso al Estado
El director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Sergio Pérez, sostuvo que Uruguay Concursa se originó para profesionalizar el ingreso al Estado y mejorar los procesos con nuevas tecnologías.

«El objetivo es hacer foco en la transparencia y en la accesibilidad. Este portal, es un paso más para fortalecer la confianza de la ciudadanía», sostuvo el jerarca, en el acto, en el que también participaron la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry; la gerenta del área de Gestión del Empleo de la Función Pública de la ONSC, Karen Ferreira; el gerente del área Sistemas y Gobierno Electrónico de la ONSC, Mariano Badano y el exdirector de la ONSC, Julio Martínez, entre otras autoridades.
Mejora de la experiencia del usuario
Este nuevo ecosistema digital está diseñado para optimizar la selección de personal y mejorar la cercanía con la ciudadanía.

Este 14 de mayo entró en funcionamiento esta plataforma renovada, con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario a través de la innovación tecnológica, procurando brindar un servicio más cercano y eficiente.

Esto incluye:

Diseño accesible e intuitivo. Formatos visuales tipo tarjeta que organizan mejor la información. Incluye: estado del llamado, organismo convocante, período de postulación, tipo de vínculo e inclusión de cuotas para colectivos protegidos
Navegación ágil. Optimización de contrastes y colores para facilitar identificación de contenidos relevantes y mejorar la legibilidad
Búsqueda eficiente. Mejora sustancial en el motor de búsqueda y los sistemas de filtrado para un acceso rápido a oportunidades laborales
Un chatbot de atención a la ciudadanía disponible las 24 horas. Resuelve el 45 % de las consultas de forma automática
Formato adaptable a celulares y tablets. Permite una experiencia similar a la de una aplicación móvil
Nueva sección personalizada “Mi Panel”. Cada usuario podrá visualizar sus postulaciones, acceder a novedades y realizar seguimiento de concursos que participa
A futuro se desarrollará aplicación móvil para iOS y Android. Una arquitectura basada en servicios facilitará nuevas integraciones y mejoras
El nuevo portal se integra a ID Uruguay para reforzar la seguridad de la información y la protección de datos personales. La actualización no afectará los llamados ni las postulaciones en curso, toda la información se mantiene sin pérdidas ni modificaciones.
El portal en cifras
Entre 2011 y 2026, Uruguay Concursa ha gestionado 2.467 llamados de la Administración Central para 12.065 puestos, lo que implicó más de 2.035.000 postulaciones. En el mismo período, el portal publicó un total de 38.896 llamados en toda la administración pública, incluyendo servicios descentralizados, entes autónomos y gobiernos departamentales.

El sistema se rige por pilares técnicos y legales estrictos que protegen el derecho de la ciudadanía a concursar en igualdad de condiciones. Las bases y convocatorias deben publicarse por un período mínimo de 15 días corridos para asegurar su difusión masiva. El tratamiento de datos personales se ajusta a la normativa vigente, dando garantías de confidencialidad en las postulaciones.