La Secretaría para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) abrió las inscripciones en su sitio web a los dos nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, informó la titular del organismo, Sandra Libonatti.
El cambio introduce a los fiduciarios no financieros que no están controlados por el Banco Central del Uruguay (BCU) y a los prestadores de servicios profesionales de administración, contabilidad, gestión de negocios o procesamiento de datos que, desde Uruguay, trabajan con personas o firmas con actividades en el exterior.

Estos sujetos obligados estaban controlados por el BCU y la modificación los incorporó a la fiscalización de la Senaclaft, precisó Libonatti, en diálogo con Comunicación Presidencial. La inscripción ya está abierta en la página web de la dependencia, tanto en el registro de sujetos obligados como del domicilio electrónico (Domel).

El cambio se originó a partir de la ley n.°20.469, del 19 de marzo de 2026, que modificó el artículo 13 de la Ley Integral de Lavado de Activos, n.°19.574, del 20 de diciembre de 2017, y se ejecuta a partir de la resolución n.°54/2026, del 12 de mayo de 2026.
Fiscalización de sujetos obligados
La jerarca indicó que los sujetos obligados son aquellas entidades definidas por ley que deben contar con un sistema de prevención para no ser utilizados en el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. La norma los clasifica en sujetos de los sectores financiero y no financiero.

Los sujetos obligados del sector financiero están bajo la fiscalización o supervisión del BCU: bancos, casas de cambio de moneda extranjera o instituciones dedicadas a la intermediación financiera, entre otros.

Los del sector no financiero son controlados por la Senaclaft y comprenden, entre otros, a las inmobiliarias; los abogados, los contadores o los escribanos que se desempeñen en la administración de dinero, valores o bienes de personas jurídicas; los rematadores; los explotadores o usuarios directos de zonas francas; las asociaciones civiles sin fines de lucro, las sociedades anónimas deportivas y las administradoras de fondos previsionales.

Es a este último grupo que se suman los fiduciarios no financieros y los prestadores de servicios para personas físicas o jurídicas con actividad en el exterior.

Libonatti explicó la modificación en el marco de la cooperación internacional, debido a que Uruguay debe estar capacitado para suministrar la información que estas entidades requieran.

Récord de reportes de operaciones en 2026
El año pasado fueron reportados 1.080 operaciones sospechosas de lavado de activos ante la Unidad de Información y Análisis Financiero, 12% más que el año anterior, según la memoria anual del organismo. El sector financiero informó acerca de 973 operaciones, mientras que el sector no financiero presentó 107 casos. Es “la mayor cantidad de reportes desde que existe la obligación” de presentar informes, se asegura en el documento.

En este marco, Libonatti sostuvo que una de las metas de la Senaclaft es “tratar de incidir en la percepción de riesgo”. Recordó que la baja percepción repercutía en la reducida cantidad de casos desde el sector no financiero. Esto motivó la organización de varias actividades del organismo, como capacitaciones en los departamentos del interior del país, charlas y talleres.

“Creemos que hemos dado algún paso en ese sentido”, dijo la jerarca, pero, aseveró, aún resta profundizar el trabajo para que comprendan su importante rol a fin de que Uruguay cuente con un sistema de prevención del lavado de activos fortalecido.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) prevé la generación de 720 plazas residenciales entre 2026 y 2028, con una inversión estimada de 6.000.000 de dólares, en el marco de una política destinada a generar soluciones habitacionales para las personas en situación de calle. “El objetivo es ampliar las respuestas residenciales, no se trata de refugios ni centros institucionales”, aclaró la ministra Tamara Paseyro.
La titular de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Tamara Paseyro, explicó en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes que la nueva estrategia del gobierno para ampliar las respuestas habitacionales y avanzar hacia soluciones más estables para las personas en situación de calle incluye esta línea de trabajo, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), encargado de la rectoría del sistema de atención a personas en situación de calle.

Paseyro detalló que el MVOT aportará el financiamiento para el alquiler de las viviendas, las garantías institucionales y, en casos excepcionales, adecuaciones menores. Para esta iniciativa, serán generadas unas 720 plazas residenciales entre 2026 y 2028, con una inversión estimada de 6.000.000 de dólares.

La meta de esta política es “ampliar las respuestas residenciales”, indicó la jerarca, quien sostuvo: “No se trata de refugios ni centros institucionales, sino de soluciones habitacionales insertas en la trama urbana, donde las personas puedan desarrollar procesos de convivencia con acompañamiento técnico, a su propio ritmo, con un plan personalizado de inclusión social y egreso”.
Según informó la ministra, Además, dijo que la cartera proyecta recuperar inmuebles de mediana y gran escala para crear centros colectivos y dispositivos de “medio camino”. Estos inmuebles, explicó Paseyro, podrán alojarse “en edificios recuperados, en inmuebles ociosos o subutilizados que hoy no cumplen ninguna función”, y contó que serán gestionados por asociaciones civiles, cooperativas, fundaciones y organizaciones sociales con trayectoria en trabajo comunitario y acompañamiento social.

La ministra aclaró que esta iniciativa forma parte de la nueva estrategia del gobierno para ampliar las respuestas habitacionales y avanzar hacia soluciones más estables, presentadas el 7 de abril por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila.

El presidente del INAC, Gastón Scayola, informó que una delegación oficial de Uruguay se reunirá con la Administración de Aduanas de China, para reforzar controles en productos cárnicos exportables, a fin de detectar si contienen residuos. Además, mantendrá contacto con una empresa que elabora tests rápidos para frigoríficos, que se instalará en nuestro país. “Hay que cumplir los procedimientos y no generar el problema al inicio del proceso”, afirmó.

El hallazgo de residuos en los productos cárnicos de exportación es uno de los asuntos que tratarán las autoridades nacionales que visitarán China desde el viernes 15, confirmó a Comunicación Presidencial el titular del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Gastón Scayola.

Con este objetivo, los jerarcas mantendrán una reunión con autoridades sanitarias de la Administración General de Aduanas del país asiático, para profundizar en la prevención, el control y la detección de residuos veterinarios en productos nacionales vendidos a ese mercado.

Además de Scayola, la comitiva estará integrada por el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Marcos Carámbula; el director de la División Industria Animal de la Dirección General de Servicios Ganaderos de la citada cartera, Diego Domínguez, y la directora de la División Laboratorios Veterinarios (Dilave), Alejandra Suanes.

Esta delegación también mantendrá contactos con autoridades de una empresa que fabrica tests rápidos para hallar residuos veterinarios, emplazada al norte de China, en el distrito urbano de Xiling. Según el presidente del INAC, este laboratorio se instalará a corto plazo en Uruguay.

Scayola valoró la importancia de que nuestro país disponga de los referidos estudios, debido a que es el único método que le permite a un frigorífico asegurar la inocuidad del producto antes de embarcarlo al exterior. En la actualidad, recordó, se realiza un análisis que insume dos semanas, por lo cual la mercadería está en viaje cuando llega el resultado.

Por otra parte, el jerarca afirmó que la solución a la problemática no radica en detectar trazas de productos veterinarios en las carnes vendidas al exterior, sino en “no generar el problema al inicio del proceso”. En ese sentido, recordó que la Junta del INAC promovió, elaboró y financió una propuesta para mejorar el tema residuos, que incluyó el compromiso de industriales y productores para ser “más rápidos, efectivos e intachables” en la calidad de la producción, señaló Scayola.