La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, informó que el objetivo es que el predio de la ex estación central de AFE «General Artigas» tenga un uso comercial, gastronómico, cultural, tecnológico, de desarrollo inmobiliario y transporte. Adelantó que se creó un grupo de trabajo interinstitucional que analizará las propuestas de inversión. «Tiene que haber una participación privada importante”, indicó.

En la mañana del viernes 22, Etcheverry y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, visitaron la antigua Estación Central General Artigas, así como la zona de vías y andenes y los alrededores del predio, donde se realizaron tareas de limpieza y mejora en las condiciones de seguridad.

Durante la visita observaron el avance de la limpieza, iluminación, cercado y evaluaciones técnicas a efectos de generar un mejor acondicionamiento de la zona, informó la jerarca, en una rueda de prensa, realizada durante la tarde, en la sede ministerial..

Allí informó que se conformó un equipo entre Presidencia de la República y los ministerios de Transporte y Vivienda a efectos de gestionar la recepción de propuestas para revitalizar la Estación Central y toda la zona. El predio tiene 51.627 m2 entre los tres padrones, unos 13.000 m2 corresponden a la propia estación central.

“Está en un punto clave de la ciudad con todos los servicios”, enfatizó la jerarca, quien acotó que ponerla en funcionamiento permitirá atraer otras inversiones. En ese tenor recordó que entre 2010 y 2019 hubo 14 propuestas que demostraron interés, los que serán el punto de partida para analizar proyectos que tengan financiamiento.
El objetivo es que se transforme en un predio con uso comercial, gastronómico, cultural, tecnológico, desarrollo inmobiliario, transporte y portuario. A su vez, la Intendencia de Montevideo tiene interés porque resolvería el tema hidráulico en la zona del barrio de Aguada, al tiempo que generaría crecimiento y dinamismo laboral, explicó.

Etcheverry consideró que en este proyecto «tiene que haber una participación privada importante”.

En marzo de 2026, el Gobierno y la empresa concesionaria de la otrora Estación Central General Artigas firmaron el acuerdo que puso fin a más de 20 años de litigios judiciales y permitirá al Estado recuperar el espacio. El convenio involucró también al Ministerio de Economía y Finanzas,, el Banco Hipotecario del Uruguay, la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco de Seguros del Estado y el sector privado.

OSE y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe firmaron el contrato de financiamiento por 130 millones de dólares para construir una represa en Casupá, en el departamento de Florida. Es una obra estratégica para fortalecer la seguridad hídrica del sistema metropolitano, subrayó el presidente del ente, Pablo Ferreri.

Casupá es una obra estratégica para el abastecimiento de agua potable, dijo el presidente de OSE, Pablo Ferreri. La represa almacenará 118 millones de metros cúbicos, que se sumarán a los 80 millones que hoy se represan en Paso Severino y Canelón Grande, explicó.

Ello permitirá evitar problemas de suministro en momentos de déficit hídrico, como los ocurridos en 2023 o el último verano en el área metropolitana.

El jerarca informó que en unas tres semanas finalizará el proceso de precalificación de empresas y se realizará el lanzamiento de la licitación pública internacional. Está previsto culminar el proceso administrativo sobre fines de 2026 y que las obras comiencen en los primeros meses de 2027. La construcción finalizaría en el tercer trimestre de 2029.

En el momento de mayor intensidad de los trabajos, serán empleadas de manera directa e indirecta más de 700 personas, agregó.

Por su parte, el representante de CAF en Uruguay, Miguel Ostos, destacó que Casupá es un gran proyecto. “Creo que el Gobierno ha tomado el toro por las astas, es un proyecto muy estratégico para el país”, sostuvo. Además de canalizar los recursos financieros, CAF realizará un acompañamiento técnico.

El plan de inversiones más grande en la historia de OSE
En otro orden, Ferreri señaló que en este período la empresa pública implementará el plan de inversiones más grande de su historia. Además de la represa en Casupá, recordó que en el segundo semestre del año empezará a construir una planta potabilizadora en Aguas Corrientes.

Sobre fin de año comenzarán las obras de la séptima línea de bombeo, que permitirá abastecer a Canelones. Asimismo, informó que avanza un proyecto para abastecer el Este de la Costa de Oro, en ese departamento.

También hizo referencia a inversiones en saneamiento en los departamentos de Soriano, por 40 millones de dólares; Maldonado, por 35 millones; Paysandú, por 19 millones; Rivera, por 13 millones, y Tacuarembó, por más de 10 millones.

La primera fase de la undécima ronda de Consejos de Salarios alcanzó acuerdos en el 83% de las mesas cerradas y comprendió a más de 670 mil trabajadores y trabajadoras. El proceso se caracterizó por una amplia participación de los actores sociales, la incorporación de cláusulas vinculadas a cuidados, salud mental y equidad de género, y un bajo nivel de conflictividad durante la negociación.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó el informe de cierre de la primera fase de la undécima ronda de Consejos de Salarios, instancia que reafirma el papel de la negociación colectiva y el diálogo social como herramientas centrales para la construcción de acuerdos y la mejora de las condiciones laborales en Uruguay.

La fase inicial de la ronda comprendió 167 mesas de negociación del sector privado con vencimiento de convenios entre junio y noviembre de 2025. Al cierre del relevamiento -en el mes de mayo-, 165 mesas habían culminado su proceso y dos se encontraban próximas a alcanzar un acuerdo. En conjunto, las mesas cerradas abarcan a más de 670.000 cotizantes.

De las 165 mesas concluidas, 137 finalizaron mediante acuerdos entre las organizaciones de trabajadores y empleadores —ya sea a través de acuerdos tripartitos, convenios colectivos recepcionados o acuerdos con abstención del Poder Ejecutivo—, lo que representa el 83% del total. El proceso demandó más de 890 instancias de negociación tripartita, con un promedio superior a cinco reuniones por mesa.

Desde la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA) se destacó que el seguimiento permanente de las negociaciones permitió contemplar las particularidades de cada actividad económica y favorecer soluciones acordadas, respetando la diversidad de realidades productivas presentes en el país.

Uno de los aspectos más relevantes de la ronda fue la incorporación de cláusulas no salariales en un número significativo de acuerdos, ampliando el alcance tradicional de la negociación colectiva hacia nuevas dimensiones del mundo del trabajo.

Según el informe, la mitad de los acuerdos alcanzados incorporó disposiciones vinculadas a cuidados, corresponsabilidad y conciliación entre la vida laboral y familiar; el 39% incluyó referencias explícitas a igualdad de género y el mismo porcentaje contempló acciones relacionadas con la salud mental. Asimismo, el 28% incorporó medidas vinculadas a situaciones de violencia o acoso y otro 28% abordó aspectos relacionados con categorías laborales y formación profesional.

Entre las innovaciones registradas se encuentran la ampliación de licencias para el cuidado de familiares, beneficios para consultas de salud mental, medidas de apoyo a personas trabajadoras en situación de violencia basada en género y la creación de ámbitos de diálogo sobre capacitación, reconversión productiva e impacto de las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial.

Además, más del 90% de los acuerdos incorporó mecanismos de prevención de conflictos o cláusulas de paz laboral, fortaleciendo las herramientas institucionales para la gestión de las relaciones laborales.

El informe identifica algunos hitos especialmente significativos durante esta etapa.

En el sector del trabajo doméstico se concretó una reivindicación histórica mediante la creación de categorías laborales diferenciadas, asociadas a las tareas de carácter general, cocina y cuidados, lo que supone un avance en el reconocimiento de funciones y especializaciones dentro de la actividad. El acuerdo también incorporó mejoras en licencias vinculadas a cuidados y salud mental.

Por su parte, en el sector rural se alcanzaron acuerdos que incluyen tanto aspectos salariales como condiciones de trabajo, consolidando la negociación colectiva como ámbito de construcción de consensos en una actividad donde históricamente predominaban otros mecanismos de fijación salarial.

Asimismo, se señala que la ronda se desarrolló en un contexto de baja conflictividad relativa. Durante la primera fase se registraron medidas de conflicto en 16 de las 167 mesas de negociación, menos del 10% del total. El informe indica que los niveles observados se mantuvieron dentro de los parámetros históricos habituales y que los principales conflictos laborales del período estuvieron asociados a condiciones de trabajo, siniestralidad, reestructuraciones empresariales y situaciones de violencia, más que a la propia negociación salarial.

Por su parte, en el sector público, la ronda presentó una novedad institucional relevante: por primera vez las mesas de negociación se instalaron antes del envío del proyecto de Presupuesto Nacional al Parlamento. Esta anticipación permitió un intercambio más amplio y la consideración de aspectos salariales y no salariales en distintos ámbitos de la administración pública.

Los acuerdos alcanzados comprendieron, entre otros, a la Administración Central, los entes autónomos y servicios descentralizados, la enseñanza pública, ASSE, el Poder Judicial y la Policía, incorporando también medidas vinculadas a vivienda, cuidados, salud mental, carrera funcional y mejora de las condiciones de trabajo.

La evaluación general realizada por DINATRA destaca que el 98,8% de las mesas de la primera fase alcanzó su cierre y que el elevado porcentaje de acuerdos confirma la vigencia de los Consejos de Salarios como instrumento fundamental del modelo uruguayo de relaciones laborales. Asimismo, subraya que la negociación colectiva continúa ampliando su alcance, incorporando nuevas agendas vinculadas a los cambios del mundo del trabajo y fortaleciendo los espacios de diálogo social.