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Comisión analizará documentos para restituir identidad de personas internadas en ex Consejo del Niño entre 1968 y 1985
Un acuerdo entre la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (SDHPR) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) posibilitará la creación de una comisión interinstitucional y la digitalización de documentos pertenecientes al ex Consejo del Niño. El objetivo es investigar la identidad y origen de las personas internadas entre 1968 y 1985, y priorizar así el derecho a la identidad, la reparación y las garantías de no repetición.
Este miércoles 20, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca, y la presidenta del INAU, Claudia Romero, firmaron un convenio marco de cooperación orientado a fortalecer el derecho a la identidad, la búsqueda de orígenes y la protección integral de los derechos humanos de aquellas personas cuyas trayectorias vitales fueron afectadas por prácticas ilícitas durante el terrorismo de Estado.
Tras la firma, Romero resaltó que es un acuerdo inédito que busca indagar en los «archivos de vida» de quienes transitaron por el entonces Consejo del Niño, organismo antecesor al INAU, entre 1968 y 1985. El objetivo es ayudar a quienes tengan dudas sobre su origen o identidad o hayan sufrido la vulneración de sus derechos en dictadura.
En ese sentido, explicó que los archivos de vida contienen los registros de los nacimientos y el posterior transitar de los niños y adolescentes bajo el amparo de la institución. Aseguró además que el acceso a estos documentos puede “echar luz sobre una verdad que ha permanecido oculta hasta el día de hoy”.
Asimismo, señaló que el convenio establece estrictos criterios de respeto y confidencialidad e indicó que se trabajará en la digitalización de las historias con el fin de facilitar el acceso a la información. Este trabajo se realizará de forma articulada e integral entre equipos técnicos del INAU, de la Secretaría de Derechos Humanos y del colectivo Proyecto Memorias Adolescentes de Terrorismo de Estado integrado por ex presos políticos adolescentes en el período (1968-1985), indicó.
Al respecto, recordó que la agrupación había realizado una solicitud en el período de gobierno anterior de la cual las autoridades actuales no estaban al tanto, por lo que afirmó que esta firma inicia formalmente el camino para darles una respuesta.
La jerarca concluyó que encontrar la verdad es una forma de reparación que, si bien no será absoluta, contribuye a sanar y a asumir la responsabilidad del Estado frente a historias crueles que no se deben volver a repetir.
Políticas de memoria y reparación estatal
Por su parte, Casablanca, valoró la importancia del acuerdo íntimamente vinculado a la memoria del pasado reciente y la reparación de historias de vida. Asimismo, recordó que el proceso comenzó a fines del año pasado, luego de que las autoridades del INAU hallaran una serie de cuadernos con los registros de niños y adolescentes que pasaron por el entonces Consejo del Niño en calidad de presos políticos. A partir de entonces, se iniciaron las reuniones con los colectivos afectados para concertar el actual acuerdo.
En ese sentido, sostuvo que el objetivo principal es restituir la verdad histórica. Asimismo, señaló que se evaluará minuciosamente qué información adquirirá carácter público y cuál se reservará para los involucrados, quienes han esperado por estos datos durante mucho tiempo.
Además, remarcó que el Estado tiene la obligación de reparar a las víctimas del terrorismo de Estado, con acciones que van más allá de lo económico y abarcan la asunción de responsabilidades institucionales, línea en la cual se inscribe este convenio.
Una de las prioridades del Gobierno es extremar todos los recursos para conocer el destino de los detenidos desaparecidos, dijo, y reconoció que actualmente no se cuenta con información provista por quienes participaron en las desapariciones, por lo que destacó la necesidad de avanzar mediante la digitalización y la complementariedad entre archivos de diferentes áreas del Estado.
Por último, la jerarca aseguró que conocer el trayecto de los adolescentes detenidos por el terrorismo de Estado construye memoria y que cada avance en la obtención de datos fortalece la democracia y ayuda a que estos hechos no se repitan nunca más. “Este país no debe vivir nunca más el terrorismo de Estado y para eso trabajamos todos los días”, concluyó.
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Empresas y organismos estatales promoverán prácticas éticas en el uso de inteligencia artificial
El Consejo Empresarial por la Ética de la Inteligencia Artificial es una iniciativa de Unesco orientada a promover prácticas éticas, tanto en el desarrollo como en el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) por parte de las empresas. El director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, Pablo Siris, señaló que Uruguay procura regular para proteger derechos sin detener el desarrollo tecnológico.
La Unesco presentó en Uruguay la integración del Consejo Empresarial por la Ética de la Inteligencia Artificial, un espacio de intercambio entre empresas de todos los sectores y de distintos tamaños, orientado a promover un marco ético tanto en el diseño como en el uso de esta herramienta. Si bien es una instancia que nuclea a empresas, actuará como espacio de intercambio con representantes del sector público vinculados a la temática.
El director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, Pablo Siris, señaló que toda transformación tecnológica genera incertidumbre y, como tal, la IA abre nuevos debates. Con el desarrollo de esta herramienta surgen desafíos éticos y jurídicos sobre la protección de las personas que se deben afrontar al tiempo que se adoptan las tecnologías.
Desde Uruguay se propone legislar para proteger derechos, con estándares abiertos y amplia participación técnica. El funcionario advirtió que una regulación “hiperprecavida” puede detener la productividad y la innovación. “Eso no es lo que queremos”, aseguró.
En este contexto, señaló que el debate no debe ser si regular o no, sino cómo adoptar normas para que la cautela no bloquee el desarrollo tecnológico ni la soberanía digital. Uruguay busca un equilibrio inteligente, expresó. La meta no es prohibir, sino proteger derechos ciudadanos y la ética de los datos sin asfixiar la innovación local.
Por su parte, la directora de la Agencia del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Comunicación y el Conocimiento (Agesic), Cristina Zubillaga, calificó como una “grata noticia” la instalación del consejo y destacó dos cuestiones que vinculan a todo el sistema: los principios éticos para el uso de la tecnología y elementos de soberanía que afectan al uso de los datos, la gestión del conocimiento y las operaciones.
Asimismo, adelantó que próximamente se habilitará una plataforma de participación ciudadana para recoger distintas visiones sobre la regulación de la IA y mecanismos de gobernanza.
Por su parte, el director de la Oficina Regional de la Unesco, Ernesto Fernández Polcuch, consideró que la IA guarda directa relación con las empresas, las universidades y los gobiernos. Desde el organismo se privilegia el diálogo entre las empresas y los organismos estatales vinculados a la tecnología, “con reglas claras y aceptadas por todos”, aseguró.
La ética en la IA desde la educación
“¿Cómo hacemos para preparar a nuestros niños para que entiendan de forma crítica los entornos digitales donde estamos todos inmersos?”, planteó la presidenta de Ceibal, Fiorella Haim.
La jerarca señaló que Ceibal trabaja desde hace 19 años en la promoción del pensamiento crítico en niños, adolescentes, docentes y comunidades educativas en los entornos digitales en los que se encuentran inmersos, entre los cuales se incluye el uso de la IA.
Haim dedicó un capítulo al tema de género relacionado con las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM, por sus siglas en inglés). Dijo que, desde Ceibal se trabaja en conjunto con Unesco y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), para promocionar la participación de niñas.
La jerarca anunció que en octubre Ceibal presentará, junto con la Unesco, varios proyectos desarrollados en el laboratorio de IA en Educación, que trabaja desde el pasado año.
Consejo se constituirá como espacio de reflexión sobre IA
El integrante del Consejo Empresarial por la Ética de la Inteligencia Artificial, Carlos Acle, explicó que dicho ámbito está conformado por un conjunto de empresas y que se procura integrar al sector privado y diferentes grupos de interés en un mismo espacio de intercambio.
El jerarca mencionó dos dimensiones de esta materia. Por un lado, la formación para los empresarios y la sensibilización de la sociedad. Entender su funcionamiento para luego ver cómo se aplica es uno de los cometidos fundamentales de la iniciativa, precisó.
Por el otro, se refirió al mantenimiento de vínculos estrechos con otras instituciones, para que el sector privado esté presente en la discusión y la elaboración de normativa en la materia.
El entrevistado remarcó que se trata de entender y minimizar los riesgos asociados al crecimiento exponencial que ha presentado la IA en el último tiempo, sobre todo, lo relacionado con el uso y la protección de datos.
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Avanzan los trabajos de reacondicionamiento del predio de la ex Estación Central de AFE
La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, informó que el objetivo es que el predio de la ex estación central de AFE «General Artigas» tenga un uso comercial, gastronómico, cultural, tecnológico, de desarrollo inmobiliario y transporte. Adelantó que se creó un grupo de trabajo interinstitucional que analizará las propuestas de inversión. «Tiene que haber una participación privada importante”, indicó.
En la mañana del viernes 22, Etcheverry y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, visitaron la antigua Estación Central General Artigas, así como la zona de vías y andenes y los alrededores del predio, donde se realizaron tareas de limpieza y mejora en las condiciones de seguridad.
Durante la visita observaron el avance de la limpieza, iluminación, cercado y evaluaciones técnicas a efectos de generar un mejor acondicionamiento de la zona, informó la jerarca, en una rueda de prensa, realizada durante la tarde, en la sede ministerial..
Allí informó que se conformó un equipo entre Presidencia de la República y los ministerios de Transporte y Vivienda a efectos de gestionar la recepción de propuestas para revitalizar la Estación Central y toda la zona. El predio tiene 51.627 m2 entre los tres padrones, unos 13.000 m2 corresponden a la propia estación central.
“Está en un punto clave de la ciudad con todos los servicios”, enfatizó la jerarca, quien acotó que ponerla en funcionamiento permitirá atraer otras inversiones. En ese tenor recordó que entre 2010 y 2019 hubo 14 propuestas que demostraron interés, los que serán el punto de partida para analizar proyectos que tengan financiamiento.
El objetivo es que se transforme en un predio con uso comercial, gastronómico, cultural, tecnológico, desarrollo inmobiliario, transporte y portuario. A su vez, la Intendencia de Montevideo tiene interés porque resolvería el tema hidráulico en la zona del barrio de Aguada, al tiempo que generaría crecimiento y dinamismo laboral, explicó.
Etcheverry consideró que en este proyecto «tiene que haber una participación privada importante”.
En marzo de 2026, el Gobierno y la empresa concesionaria de la otrora Estación Central General Artigas firmaron el acuerdo que puso fin a más de 20 años de litigios judiciales y permitirá al Estado recuperar el espacio. El convenio involucró también al Ministerio de Economía y Finanzas,, el Banco Hipotecario del Uruguay, la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco de Seguros del Estado y el sector privado.
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Casupá aumentará de 80 a 200 millones de metros cúbicos capacidad de reserva de agua dulce
OSE y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe firmaron el contrato de financiamiento por 130 millones de dólares para construir una represa en Casupá, en el departamento de Florida. Es una obra estratégica para fortalecer la seguridad hídrica del sistema metropolitano, subrayó el presidente del ente, Pablo Ferreri.
Casupá es una obra estratégica para el abastecimiento de agua potable, dijo el presidente de OSE, Pablo Ferreri. La represa almacenará 118 millones de metros cúbicos, que se sumarán a los 80 millones que hoy se represan en Paso Severino y Canelón Grande, explicó.
Ello permitirá evitar problemas de suministro en momentos de déficit hídrico, como los ocurridos en 2023 o el último verano en el área metropolitana.
El jerarca informó que en unas tres semanas finalizará el proceso de precalificación de empresas y se realizará el lanzamiento de la licitación pública internacional. Está previsto culminar el proceso administrativo sobre fines de 2026 y que las obras comiencen en los primeros meses de 2027. La construcción finalizaría en el tercer trimestre de 2029.
En el momento de mayor intensidad de los trabajos, serán empleadas de manera directa e indirecta más de 700 personas, agregó.
Por su parte, el representante de CAF en Uruguay, Miguel Ostos, destacó que Casupá es un gran proyecto. “Creo que el Gobierno ha tomado el toro por las astas, es un proyecto muy estratégico para el país”, sostuvo. Además de canalizar los recursos financieros, CAF realizará un acompañamiento técnico.
El plan de inversiones más grande en la historia de OSE
En otro orden, Ferreri señaló que en este período la empresa pública implementará el plan de inversiones más grande de su historia. Además de la represa en Casupá, recordó que en el segundo semestre del año empezará a construir una planta potabilizadora en Aguas Corrientes.
Sobre fin de año comenzarán las obras de la séptima línea de bombeo, que permitirá abastecer a Canelones. Asimismo, informó que avanza un proyecto para abastecer el Este de la Costa de Oro, en ese departamento.
También hizo referencia a inversiones en saneamiento en los departamentos de Soriano, por 40 millones de dólares; Maldonado, por 35 millones; Paysandú, por 19 millones; Rivera, por 13 millones, y Tacuarembó, por más de 10 millones.
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