Administraciones de torres residenciales exigen una constancia técnica de la marca para permitir el ingreso del modelo EX30 de Volvo, tras una alerta de Defensa del Consumidor.
Las comisiones administradoras de varios complejos residenciales de Punta del Este emitieron circulares a sus copropietarios e inquilinos en las que prohíben el ingreso y la permanencia del vehículo SUV eléctrico Volvo, modelo EX30, en los garajes y estacionamientos cerrados. La medida se tomó con carácter preventivo tras una alerta oficial (recall) emitida por el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el representante oficial de la automotriz en Uruguay.

Según los informes técnicos que motivaron la advertencia del MEF, este modelo específico presenta un riesgo potencial de sobrecalentamiento en su sistema de baterías de alta tensión. Las autoridades advirtieron que este fallo podría derivar en el incendio del vehículo, lo que representa un peligro directo para los automóviles linderos y las estructuras edilicias.

Ante el riesgo de siniestro en espacios cerrados y subterráneos, las administraciones del principal balneario uruguayo argumentaron que la prioridad es salvaguardar la seguridad colectiva de los residentes, el personal y los bienes comunes.

La restricción de acceso solo cuenta con una excepción para ser levantada: los usuarios afectados deberán presentar una constancia escrita y firmada por el representante oficial de Volvo o un servicio técnico autorizado. En dicho documento se deberá certificar que la unidad ya fue debidamente inspeccionada y que se le realizaron las reparaciones o adecuaciones de software y hardware necesarias para eliminar de forma definitiva el riesgo de falla.

La iniciativa, que será incluida en la próxima Rendición de Cuentas, prevé instalar sedes en Montevideo, Canelones y Maldonado con el objetivo de aplicar efectivamente la Ley de Faltas.
La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) presentará una propuesta en la próxima Rendición de Cuentas para implementar cinco fiscalías especializadas en materia de tránsito en los departamentos con mayor siniestralidad del país. El proyecto busca revertir la falta de sanción efectiva ante conductas de riesgo como las competencias ilegales («picadas») o la conducción sin libreta habilitante.

Según el plan estratégico diseñado por el organismo, la distribución de las nuevas sedes fiscales contemplará dos oficinas para Montevideo, dos para Canelones y una para Maldonado. Las intendencias de los respectivos departamentos ya han puesto a disposición los locales físicos para el funcionamiento de estas dependencias. Actualmente, la viabilidad del proyecto depende de la aprobación presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el financiamiento del personal técnico y administrativo.

Infracciones de tránsito y la Ley de Faltas

El presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, señaló que el sistema fiscalizador actual presenta limitaciones operativas, lo que deriva en la acumulación de multas impagas y en que las infracciones graves no reciban la sanción judicial correspondiente. La iniciativa pretende que este tipo de conductas dejen de ser tratadas únicamente en el ámbito administrativo y pasen a ser juzgadas con rigor bajo la Ley de Faltas.

Metediera enfatizó la necesidad de que las conductas temerarias en la vía pública tengan consecuencias legales reales para los infractores. Desde el organismo advirtieron que, en caso de que esta medida no resulte suficiente para modificar el comportamiento de los conductores, se evaluará la necesidad de promover un marco normativo con penas más severas.

Los jefes comunales evalúan un proyecto de ley marco para unificar la fiscalización y controlar la importación de estos vehículos de movilidad personal.
El Congreso de Intendentes avanza en la creación de un marco normativo unificado para regular el uso de los vehículos de movilidad personal (VMP), con especial foco en los monopatines eléctricos. El proyecto, que se analiza este viernes en el plenario del organismo, busca establecer reglas claras de circulación y fiscalización en los 19 departamentos del país.

Juan Pígola, director de Movilidad de la Intendencia de Maldonado, explicó que la prioridad de esta iniciativa es la seguridad vial, apuntando a proteger a quienes utilizan estos medios de transporte. «Buscamos darle protección a ese usuario que quizás sea el más vulnerable hoy después del peatón. Es un tema delicado», argumentó el jerarca.

Uno de los puntos clave de la discusión radica en el vacío legal que existe desde el ingreso de estos productos al mercado local. Actualmente, las partidas ingresan a la aduana bajo diferentes criterios: mientras algunas tandas entran al país categorizadas como vehículos, otras lo hacen registradas como juguetes. El nuevo marco normativo pretende regularizar esta situación desde el origen: «Tenemos que verificar desde la importación cuáles van a ser las medidas que se van a tomar», adelantó Pígola.

Para que las intendencias puedan comenzar a fiscalizar de manera efectiva el uso de los monopatines en las calles, la propuesta deberá contar primero con la aprobación definitiva del plenario de jefes departamentales.