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Gobierno impulsa plan de apoyo a liberados de cárceles “para romper el círculo de pobreza, violencia y delito”, afirmó Sánchez
Este lunes 25, en la Torre Ejecutiva, se presentó el programa Libertad Segura, destinado a garantizar condiciones efectivas para la inclusión social de personas liberadas del sistema penitenciario con ayudas en materia laboral y de vivienda. La iniciativa piloto, destinada a 350 personas, funciona para incrementar los apoyos a la totalidad de las población carcelaria, con la asistencia de instituciones públicas y privadas. Estas últimas posibilitarán, a través de contratos de trabajo, insertarlas en la vida en sociedad, para que cuenten con un proyecto de vida, dijo Sánchez.
La primera etapa del plan Libertad Segura comenzará en las próximas semanas, cuando los primeros seleccionados actualicen o accedan a su documentación básica, como la cédula de identidad, lo que les permitirá acceder a los servicios sanitarios, una Tarjeta Uruguay Social, cursos impartidos por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), construcción de sus perfiles laborales, boletos de transporte público y el acceso a un empleo protegido por un año, según describieron jerarcas del Gobierno nacional este lunes 25 en Torre Ejecutiva. En una primera etapa, la Intendencia de Montevideo incorporará personal en el marco de este proyecto.
“Si realmente queremos resolver el problema de convivencia y seguridad, si queremos romper el círculo vicioso de pobreza, violencia y delito, este es uno de los instrumentos que tenemos que llevar adelante”, aseguró el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, en la presentación del programa.
En ese sentido, recordó que la población carcelaria en Uruguay crece desde hace 30 años sin interrupciones. “Hoy encuentra a un gobierno, encabezado por (el presidente) Yamandú Orsi, que entiende que las respuestas a un problema complejo requieren respuestas audaces; no porque no se hayan hecho antes, sino porque tiene vocación para crear un plan piloto para 350 personas, que tiene intención de crecer y que busca involucrar a las instituciones públicas y privadas para que estas personas se reinserten (en la sociedad) por medio del trabajo”, definió.
Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, explicó que Libertad Segura procura dos objetivos. El primero es evitar la reincidencia para mejorar la convivencia, debido a que tres de cada diez liberados vuelve a delinquir antes de los seis meses y dos terceras partes antes de los tres años. En segundo lugar, afirmar “el derecho de las personas de construir un proyecto de vida en libertad”.
Enumeró los riesgos a los que se enfrentan las personas liberadas del sistema carcelario:
Ausencia de espacios sociales de contención como la familia.
Falta de un lugar para vivir.
Ingresos predecibles.
Exposición a las redes del crimen organizado.
Falta de accesos a tratamientos sanitarios, incluido salud mental.
Retorno a circuitos que amenazan la equidad y cierra las oportunidades a una vida digna.
Jerarcas destacan a Libertad Segura como una política integral para reducir la reincidencia al delito, mejorar la seguridad y promover la convivencia
Por su parte, el ministro del Interior (MI), Carlos Negro, afirmó que ninguna política de seguridad resulta sostenible sin el correlato de condiciones reales para el reingreso social saludable. Al respecto, explicó que el Plan Nacional de Seguridad Pública integra programas laborales y educativos, soluciones habitacionales transicionales y dispositivos de gestión integrada del egreso carcelario.
La reinserción social no es una responsabilidad exclusiva del MI, es una política pública de seguridad integral que requiere la coordinación de los sectores públicos y privados, aseveró, en su oratoria.
“Donde el Estado no acompaña, esa transición aumenta la probabilidad de reincidencia, exclusión y reproducción de la violencia; por eso, este programa apuesta a una lógica distinta, se trata de construir trayectorias integrales de reingreso que comiencen intramuros y continúen después de la liberación, con acompañamiento, acceso a servicios y oportunidades de reinserción laboral y social”, dijo
La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, destacó que el programa prioriza la dimensión de género porque, si bien la población femenina representa solo el 10% del total de población carcelaria, tiene necesidades específicas. Mencionó diferencias sustanciales sobre la relación de las mujeres con el delito.
El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, expresó que esa secretaría de Estado desempeñará un rol preponderante desde la labor de los equipos técnicos de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali). Expresó que varios ministerios integran una importante red de trabajo que posibilitará atender la realidad de los casi 17.000 privados de libertad.
Por su lado, el titular de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, explicó que los técnicos de la cartera entienden que el trabajo no es solo un ingreso económico, organiza la vida cotidiana, organiza vínculos, genera autonomía y permite construir proyectos de vida. Para facilitar el acceso a ello, el rol del ministerio en este programa será el apoyo desde el preegreso de cárceles, con capacitación y construcción de perfiles laborales. Posteriormente, a la salida de prisión, primero, con empleo protegido y, luego, con apoyo hacia el empleo privado formal. En este marco, mencionó los beneficios fiscales incluidos en el proyecto de Ley de Empleo Integral que está bajo estudio parlamentario.
En la mesa de presentación del programa Libertad Segura también estuvo el intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien aseguró que participarán 300 varones y 50 mujeres en los planes de empleo protegido por un año. Definió a este programa como “una respuesta política a una demanda de la sociedad” que compromete un “esfuerzo que vale la pena”.
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Ministro del Interior informó designaciones en la estructura de mando de la Policía Nacional
En conferencia de prensa el Ministro del Interior, Dr. Carlos Negro informó que la designaciones de nuevas autoridades policiales responde a una evaluación constante de los desafíos que se enfrentan y forman parte de un proceso de mejora continua.
El Ministro del Interior Dr. Carlos Negro, indicó que “estos cambios responden a un monitoreo y una evaluación permanente que realiza el Ministerio del Interior en función de las necesidades y circunstancias de cada momento. Se trata de reasignar, reorganizar y ubicar a los mejores funcionarios, de acuerdo con sus perfiles, en los lugares donde más se los necesita”, expresó el Ministro.
Asimismo, resaltó que “cuando asumimos dijimos que íbamos a construir un Plan Nacional de Seguridad Pública y que el monitoreo y la evaluación iban a ser uno de sus principales ejes”.
“Estos cambios van a significar una mejora sustantiva en lo que refiere a la seguridad de la población. Tenemos la obligación y el deber de generar más paz para la libertad de nuestros vecinos y ciudadanos”, concluyó el jerarca.
Por otra parte, el Comisario General Alfredo Clavijo señaló que su gestión estará enfocada en mejorar la calidad de vida de la población mediante el fortalecimiento de las acciones de prevención y el combate firme a la delincuencia y a los hechos de violencia que afectan distintos puntos de la capital.
“La estrategia se construye en equipo y vamos a continuar con las acciones que se vienen desarrollando, buscando potenciarlas, mejorar su eficiencia y alcanzar mejores resultados”, indicó Clavijo.
Nuevas designaciones
Al frente de la Jefatura de Policía de Montevideo, asumirá el Comisario General Alfredo Clavijo, quien se desempeñaba como Subdirector de la Policía Nacional.
Como Subdirector de la Policía Nacional asumirá el Comisario General (R) Julio Sena, hasta el momento Director de Investigaciones de la Policía Nacional.
Por otro lado, el Comisario General (R), Pablo Lotito, quien hasta la fecha era Jefe de Policía de Montevideo, será el nuevo Director de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.
Mientras que como Director de Asuntos Internos, asumirá el Comisario General (R) Julián Abraham.
A su vez, en la Dirección Nacional de la Guardia Republicana asumirá como Director Nacional el Comisario Mayor Fabián Monzón, quien cumplía funciones como Jefe de la Zona Operacional V de Montevideo.
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Uruguay asume Presidencia del Comité Técnico Consultivo sobre Hidrovías de la Comisión Interamericana de Puertos
«Uruguay impulsará agendas que apuesten al intercambio de conocimiento, información y buenas prácticas y contribuyan a atraer inversiones que fortalezcan nuestro sistema portuario y la plataforma logística”, expresó el presidente de la ANP, Pablo Genta, al asumir como titular del Comité Técnico Consultivo sobre Hidrovías, Puertos Interiores y de Cruceros. La Comisión Interamericana de Puertos reúne a autoridades de más de 30 países integrantes de la OEA.
En la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en Bridgetown, Barbados, fueron elegidas las nuevas autoridades del Consejo Ejecutivo de la CIP para el período 2026-2029.
Pablo Genta, representante por Uruguay ante la CIP-OEA y presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), resultó electo para presidir el Comité Técnico Consultivo sobre Hidrovías, Puertos Interiores y de Cruceros.
Al asumir la presidencia de ese ámbito, destacó que, desde este nuevo rol, “Uruguay impulsará agendas que apuesten al intercambio de conocimiento, información y buenas prácticas y contribuyan a atraer inversiones que fortalezcan nuestro sistema portuario y la plataforma logística”.
«La elección de Uruguay para presidir este comité refirma la confianza de los países miembros de la CIP y abre nuevas oportunidades para avanzar en la integración regional y fortalecer la cooperación internacional, consolidando el posicionamiento de Uruguay como referente en el sector», informó la ANP, en un comunicado.
En la reunión, que se desarrolló entre el 8 y el 10 de junio, se acordaron también las fechas y sedes para las reuniones ordinarias, además de la consideración de estrategias y acciones de apoyo para el cumplimiento de los objetivos de la CIP.
La CIP es el único foro permanente que reúne a las autoridades portuarias nacionales de los 34 países miembros de la OEA y a los líderes de la industria marítimo-portuaria para promover el desarrollo de un sector seguro, competitivo, sostenible e incluyente.
El Poder Ejecutivo dispuso que los trabajadores estatales percibirán el sueldo anual complementario a partir del próximo 18 de junio, correspondiente al período diciembre-mayo.
El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, emitió un decreto por el cual se establece la fecha y las condiciones para el pago de la primera cuota del sueldo anual complementario (medio aguinaldo) correspondiente al año en curso para los funcionarios de la administración pública.
Según el documento oficial fechado el 3 de junio de 2026, los funcionarios públicos pertenecientes a los Incisos 02 al 19, 25 al 27, 29 y 31 al 36 del Presupuesto Nacional comenzarán a percibir este beneficio a partir del próximo jueves 18 de junio de 2026.
La normativa estipula que el monto a pagar será el equivalente a la doceava parte del total de las retribuciones sujetas a montepío que hayan sido percibidas por cualquier concepto dentro del período comprendido entre el 1º de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026.
Asimismo, en su artículo segundo, el texto extiende este derecho al resto del personal de los incisos mencionados, siempre que sus respectivos vínculos contractuales autoricen legalmente el pago del sueldo anual complementario.
La resolución ampara su validez jurídica en las facultades otorgadas por el Decreto-Ley N° 14.360 del 17 de abril de 1975 —que unifica el criterio del sueldo anual complementario y faculta su fraccionamiento en dos instancias— y el artículo 4º del Decreto-Ley N° 14.985 del 28 de diciembre de 1979. El decreto lleva la firma del presidente de la República, Yamandú Orsi, junto a los integrantes del gabinete ministerial.
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