La aplicación web Red Calle 365, presentada por el Ministerio de Desarrollo Social, se creó para fortalecer la red de recursos vinculados a la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, mediante la centralización de información, herramientas de reporte y canales de atención para personas en situación de calle.
La iniciativa se desarrolló para mejorar la atención y hacer más eficiente el trabajo articulado con la población, otros organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil.

La plataforma está disponible en formato PWA (aplicación web) a través de red365.mides.gub.uy. Puede descargarse directamente desde el sitio, sin necesidad de utilizar tiendas de aplicaciones, y no ocupa espacio en la memoria del teléfono móvil.

Entre las principales novedades, se destaca la unificación de las vías de contacto para reportar situaciones de calle mediante el 0800 365 0 y el 091 365 000, con atención personalizada durante las 24 horas.

Qué ofrece la aplicación Red Calle 365
Las personas usuarias podrán acceder a:

Mapa geolocalizado de recursos disponibles
Información sobre la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle
Vías centralizadas de reporte de personas en situación de calle
Herramienta para postular acciones, proyectos comunitarios, recursos y actividades
Espacio para sugerencias y comentarios
Datos y reportes sobre situación de calle
Información actualizada sobre alerta roja
El Ministerio de Desarrollo Social informó que el diseño de la aplicación fue realizado íntegramente por equipos internos de la cartera, sin generar costos adicionales.
Coordinación de líneas de atención y emergencias
La consolidación de las líneas de contacto se enmarca en la coordinación de los distintos canales de atención vinculados a emergencias sociales, sanitarias y de convivencia.

En ese sentido, el 105 del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) está destinado a situaciones de riesgo en salud; el 911, a casos vinculados a seguridad y convivencia; y la Línea Azul del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, a situaciones que involucren a la población correspondiente a esa dependencia. En el interior del país, la vía de reporte para situaciones de calle continúa siendo el 911.

Uso de ubicación y descarga de la aplicación
Al ingresar por primera vez a Red Calle 365, la aplicación solicita permiso para acceder a la ubicación del dispositivo con el objetivo de mostrar recursos cercanos en el mapa. No obstante, puede utilizarse sin habilitar esa opción. El ministerio aclaró que la información de ubicación no queda registrada por el organismo ni por otras instituciones.

En dispositivos Android, la descarga puede realizarse mediante un botón emergente disponible al ingresar al sitio. Para sistemas iOS, la plataforma cuenta con un instructivo de descarga accesible desde la pantalla de inicio.

La empresa pública realizó este jueves 14 el traslado marítimo de la boya gemela desde la Refinería de La Teja hasta Terminal del Este, en Maldonado. La nueva infraestructura es clave para la recepción del petróleo crudo que abastece a la refinería de La Teja. Su cambio se realiza cada 10 u 12 años y, en promedio, operan entre 15 y 20 buques petroleros por año a través de esta instalación.
El ente energético trabaja en el reemplazo de la actual boya petrolera ubicada en el Terminal del Este, por una boya gemela que permanece en la refinería de La Teja en mantenimiento hasta el momento del cambio, hecho que ocurre cada 10 o 12 años.

La botadura de la boya de reemplazo se realizó el lunes 11 y este jueves fue trasladada vía marítima para realizar la sustitución, en un recorrido que durará unas 30 horas.

Allí se completará el desmontaje de la actual y se conectará la nueva infraestructura clave para la recepción del petróleo crudo que abastece a la refinería de La Teja.

Esta sustitución forma parte de una estrategia de mantenimiento e inversión orientada a preservar una infraestructura clave para la seguridad energética del país.
Funcionamiento de la boya petrolera
La boya petrolera permite la descarga directa desde buques de gran porte, de hasta 150.000 toneladas de desplazamiento, optimizando la logística de abastecimiento y contribuyendo a la eficiencia del sistema.

La infraestructura está integrada por una monoboya de amarre diseñada bajo el sistema Single Point Mooring (SPM ), que permite el amarre seguro de buques de gran desplazamiento en mar abierto, manguerotes flotantes y submarinos, así como un sistema de control submarino denominado Pipeline End Manifold (PLEM), que cumple funciones clave en la conexión, distribución y control del flujo de crudo.

Las operaciones en la boya son ejecutadas por Ancap y están sujetas a la fiscalización de organismos nacionales competentes, entre ellos el Ministerio de Ambiente y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que realizan inspecciones, monitoreo ambiental y análisis periódicos.

Asimismo, la operativa se desarrolla en cumplimiento de estándares internacionales en materia de seguridad y protección ambiental.

En complemento a estos controles, la operación de la boya cuenta con múltiples medidas orientadas a minimizar riesgos ambientales, entre ellas un sistema de manguerotes de doble carcaza para prevenir fugas, protocolos estrictos de seguridad e inspecciones periódicas de los oleoductos submarinos y de las instalaciones asociadas.

Su ubicación mar adentro, a varios kilómetros de la costa, reduce riesgos directos sobre las comunidades costeras, mientras se realizan monitoreos constantes de agua, sedimentos y playas de Maldonado para verificar que no existan afectaciones ambientales ni sobre la actividad turística.
Infraestructura estratégica para el país
La boya petrolera constituye un componente crítico para el abastecimiento energético nacional. En promedio, operan entre 15 y 20 buques petroleros por año a través de esta instalación.

A su vez, Ancap cuenta con reservas estratégicas y mecanismos de respaldo para garantizar la continuidad del suministro energético ante eventuales contingencias.

Antes de la instalación del Terminal del Este en 1982, el petróleo crudo era descargado por buques de menor porte directamente en el puerto de Montevideo, un esquema que implicaba mayores costos de flete y limitaciones en los volúmenes de recepción.

La incorporación de la boya petrolera permitió operar con superpetroleros, optimizar la logística de abastecimiento, reducir costos y asegurar un flujo más eficiente de crudo hacia la refinería de La Teja.

La Secretaría para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) abrió las inscripciones en su sitio web a los dos nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, informó la titular del organismo, Sandra Libonatti.
El cambio introduce a los fiduciarios no financieros que no están controlados por el Banco Central del Uruguay (BCU) y a los prestadores de servicios profesionales de administración, contabilidad, gestión de negocios o procesamiento de datos que, desde Uruguay, trabajan con personas o firmas con actividades en el exterior.

Estos sujetos obligados estaban controlados por el BCU y la modificación los incorporó a la fiscalización de la Senaclaft, precisó Libonatti, en diálogo con Comunicación Presidencial. La inscripción ya está abierta en la página web de la dependencia, tanto en el registro de sujetos obligados como del domicilio electrónico (Domel).

El cambio se originó a partir de la ley n.°20.469, del 19 de marzo de 2026, que modificó el artículo 13 de la Ley Integral de Lavado de Activos, n.°19.574, del 20 de diciembre de 2017, y se ejecuta a partir de la resolución n.°54/2026, del 12 de mayo de 2026.
Fiscalización de sujetos obligados
La jerarca indicó que los sujetos obligados son aquellas entidades definidas por ley que deben contar con un sistema de prevención para no ser utilizados en el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. La norma los clasifica en sujetos de los sectores financiero y no financiero.

Los sujetos obligados del sector financiero están bajo la fiscalización o supervisión del BCU: bancos, casas de cambio de moneda extranjera o instituciones dedicadas a la intermediación financiera, entre otros.

Los del sector no financiero son controlados por la Senaclaft y comprenden, entre otros, a las inmobiliarias; los abogados, los contadores o los escribanos que se desempeñen en la administración de dinero, valores o bienes de personas jurídicas; los rematadores; los explotadores o usuarios directos de zonas francas; las asociaciones civiles sin fines de lucro, las sociedades anónimas deportivas y las administradoras de fondos previsionales.

Es a este último grupo que se suman los fiduciarios no financieros y los prestadores de servicios para personas físicas o jurídicas con actividad en el exterior.

Libonatti explicó la modificación en el marco de la cooperación internacional, debido a que Uruguay debe estar capacitado para suministrar la información que estas entidades requieran.

Récord de reportes de operaciones en 2026
El año pasado fueron reportados 1.080 operaciones sospechosas de lavado de activos ante la Unidad de Información y Análisis Financiero, 12% más que el año anterior, según la memoria anual del organismo. El sector financiero informó acerca de 973 operaciones, mientras que el sector no financiero presentó 107 casos. Es “la mayor cantidad de reportes desde que existe la obligación” de presentar informes, se asegura en el documento.

En este marco, Libonatti sostuvo que una de las metas de la Senaclaft es “tratar de incidir en la percepción de riesgo”. Recordó que la baja percepción repercutía en la reducida cantidad de casos desde el sector no financiero. Esto motivó la organización de varias actividades del organismo, como capacitaciones en los departamentos del interior del país, charlas y talleres.

“Creemos que hemos dado algún paso en ese sentido”, dijo la jerarca, pero, aseveró, aún resta profundizar el trabajo para que comprendan su importante rol a fin de que Uruguay cuente con un sistema de prevención del lavado de activos fortalecido.