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Impulsan proyecto de «vivienda circular» con contenedores marítimos para reducir el déficit habitacional
La iniciativa «Plan Vivienda Digna» propone el uso de estructuras recicladas para abaratar costos hasta en un 50% y acelerar los tiempos de construcción en soluciones sociales.
En un contexto donde el acceso a la vivienda propia representa uno de los mayores desafíos sociales en Uruguay, surge una propuesta innovadora denominada «Plan Vivienda Digna – Economía Circular». El proyecto, impulsado por Sandra Lacuesta Garín, busca integrar la reutilización de contenedores marítimos con programas de autoconstrucción asistida para brindar soluciones rápidas y de bajo costo a familias en situación de vulnerabilidad, madres jefas de hogar y jóvenes.
Innovación y sostenibilidad
La propuesta se fundamenta en la economía circular, utilizando contenedores en desuso como estructura base. Según el documento técnico, este sistema permite reducir los costos de edificación entre un 30% y un 50% en comparación con la construcción tradicional, además de ofrecer una resistencia y rapidez de montaje superiores.
El plan contempla dos modelos básicos: una unidad simple de 20 pies para una persona o pareja, y una vivienda familiar que une dos estructuras para ofrecer mayores comodidades. Para adaptarse al clima local, el proyecto subraya como requisito indispensable el acondicionamiento térmico, además de las instalaciones sanitarias y eléctricas normativas.
Articulación público-privada
Para su ejecución, la iniciativa identifica al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y a las Intendencias (mencionando específicamente el caso de Paysandú) como actores clave. La estrategia para la obtención de tierras se divide en tres vías: la cesión de terrenos fiscales en comodato, el acceso a programas de «lotes con servicios» o la adquisición de tierras privadas mediante convenios.
«No venimos a reemplazar las políticas de vivienda, venimos a acelerarlas donde hoy no llegan», sostiene la fundamentación del proyecto. El texto enfatiza que la propuesta requiere que el grupo cuente con personería jurídica (ya sea como ONG o cooperativa) para avalar los proyectos técnicos ante el Estado.
Impacto socioeconómico
Más allá de la estructura edilicia, el proyecto apunta a un impacto integral. Se estima que el acceso a estas viviendas mejora el rendimiento escolar de los menores y reduce la violencia intrafamiliar al eliminar condiciones de hacinamiento. Asimismo, prevé la generación de empleo local mediante la capacitación en oficios como electricidad y carpintería durante el proceso de ensamblaje.