En el 100.° aniversario de la Policía de Tránsito de Montevideo, el ministro del Interior, Carlos Negro, valoró el trabajo de la unidad en la seguridad vial y la prevención del delito. Durante el acto, se destacaron los resultados de la operación Ñandubay, mediante la que se incautaron más de 2.800 motos en Montevideo y unas 12.000 en todo el país.
Durante el acto por el 100.° aniversario de la Policía de Tránsito de Montevideo, el titular del Ministerio del Interior, Carlos Negro, destacó la trayectoria de esta unidad especializada y remarcó su rol para la seguridad pública, la prevención del delito y la convivencia.

En la actividad, realizada en la sede de la dependencia, participaron la subsecretaria de la cartera, Gabriela Valverde; el director nacional de Policía, José Manuel Azambuya; el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, y el director de la Policía de Tránsito, Marcelo Campos.

Entre las tareas a cargo de la repartición, Negro destacó el trabajo en operativos de control y fiscalización de vehículos, el apoyo a eventos deportivos y la custodia de bienes y autoridades. Todas son desempeñadas “con sumo profesionalismo y compromiso”, aseguró.

El ministro resaltó el impacto operativo de la unidad en el marco de la operación Ñandubay, desplegada desde enero, con foco en la fiscalización de motocicletas y la prevención de delitos violentos. En Montevideo, las intervenciones permitieron incautar más de 2.800 motos y aplicar de 8.400 multas, mientras que en todo el territorio nacional la cifra de vehículos confiscados superó los 12.000.

“Constituye un aporte fundamental en la prevención de hechos delictivos y en la reducción de la siniestralidad”, afirmó.
Negro también valoró el apoyo en acciones estratégicas, como la operación Dominio, y la tarea de la escuela de seguridad vial y conducción, que este año capacitó a más de 200 efectivos en la conducción de móviles policiales y motos.

Finalmente, subrayó que el proyecto de Rendición de Cuentas, actualmente en el Parlamento, contempla el fortalecimiento policial en todo el país mediante la incorporación de más de 100 móviles, más de 200 motos y la suma de 300 efectivos.

Administraciones de torres residenciales exigen una constancia técnica de la marca para permitir el ingreso del modelo EX30 de Volvo, tras una alerta de Defensa del Consumidor.
Las comisiones administradoras de varios complejos residenciales de Punta del Este emitieron circulares a sus copropietarios e inquilinos en las que prohíben el ingreso y la permanencia del vehículo SUV eléctrico Volvo, modelo EX30, en los garajes y estacionamientos cerrados. La medida se tomó con carácter preventivo tras una alerta oficial (recall) emitida por el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el representante oficial de la automotriz en Uruguay.

Según los informes técnicos que motivaron la advertencia del MEF, este modelo específico presenta un riesgo potencial de sobrecalentamiento en su sistema de baterías de alta tensión. Las autoridades advirtieron que este fallo podría derivar en el incendio del vehículo, lo que representa un peligro directo para los automóviles linderos y las estructuras edilicias.

Ante el riesgo de siniestro en espacios cerrados y subterráneos, las administraciones del principal balneario uruguayo argumentaron que la prioridad es salvaguardar la seguridad colectiva de los residentes, el personal y los bienes comunes.

La restricción de acceso solo cuenta con una excepción para ser levantada: los usuarios afectados deberán presentar una constancia escrita y firmada por el representante oficial de Volvo o un servicio técnico autorizado. En dicho documento se deberá certificar que la unidad ya fue debidamente inspeccionada y que se le realizaron las reparaciones o adecuaciones de software y hardware necesarias para eliminar de forma definitiva el riesgo de falla.

La iniciativa, que será incluida en la próxima Rendición de Cuentas, prevé instalar sedes en Montevideo, Canelones y Maldonado con el objetivo de aplicar efectivamente la Ley de Faltas.
La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) presentará una propuesta en la próxima Rendición de Cuentas para implementar cinco fiscalías especializadas en materia de tránsito en los departamentos con mayor siniestralidad del país. El proyecto busca revertir la falta de sanción efectiva ante conductas de riesgo como las competencias ilegales («picadas») o la conducción sin libreta habilitante.

Según el plan estratégico diseñado por el organismo, la distribución de las nuevas sedes fiscales contemplará dos oficinas para Montevideo, dos para Canelones y una para Maldonado. Las intendencias de los respectivos departamentos ya han puesto a disposición los locales físicos para el funcionamiento de estas dependencias. Actualmente, la viabilidad del proyecto depende de la aprobación presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el financiamiento del personal técnico y administrativo.

Infracciones de tránsito y la Ley de Faltas

El presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, señaló que el sistema fiscalizador actual presenta limitaciones operativas, lo que deriva en la acumulación de multas impagas y en que las infracciones graves no reciban la sanción judicial correspondiente. La iniciativa pretende que este tipo de conductas dejen de ser tratadas únicamente en el ámbito administrativo y pasen a ser juzgadas con rigor bajo la Ley de Faltas.

Metediera enfatizó la necesidad de que las conductas temerarias en la vía pública tengan consecuencias legales reales para los infractores. Desde el organismo advirtieron que, en caso de que esta medida no resulte suficiente para modificar el comportamiento de los conductores, se evaluará la necesidad de promover un marco normativo con penas más severas.