El organismo portuario cuestionó la herencia recibida en la flota de dragado y busca renegociar el convenio laboral tras denunciar «sobresueldos» de hasta $250.000 sin contraprestación.
La Administración Nacional de Puertos (ANP) presentó un duro informe sobre el estado del sistema de dragado del Puerto de Montevideo, al tiempo que anunció una inversión de US$ 114,9 millones para el período 2025-2029. Desde el organismo calificaron como «urgente» la necesidad de profundizar los canales de acceso para mantener la competitividad de la principal terminal marítima del país, argumentando que las limitaciones actuales afectan el posicionamiento de Uruguay como nodo logístico regional.

El Directorio de la ANP apuntó contra la gestión del quinquenio anterior (2019-2024), señalando que al inicio de la actual administración el 70% de las embarcaciones de la flota propia se encontraba fuera de servicio. Según un informe técnico de marzo de 2025, esta situación, sumada a una baja extracción de sedimentos entre 2021 y 2024, generó una acumulación de lodo que superó la capacidad operativa inmediata de los equipos estatales.

Un giro en la estrategia de inversión
Para revertir el deterioro, la ANP prevé destinar casi el 44% de su presupuesto total de inversiones al área de dragado durante los próximos cuatro años. Esto representa un incremento del 81% en comparación con el período previo.

El plan estratégico combina dos vías:

Medios propios: Se duplicará el presupuesto para tareas realizadas por el Estado, alcanzando los US$ 63 millones.

Contratación de terceros: Se recurrirá al dragado privado de forma complementaria cuando la capacidad pública se vea superada.

Conflicto por el convenio laboral y «sobresueldos»
El punto de mayor tensión radica en las críticas de la ANP al convenio laboral firmado en marzo de 2025, pocos días antes del cambio de autoridades. El organismo estatal denunció el acuerdo ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en setiembre de 2025, y actualmente se encuentra en una etapa de renegociación.

La actual administración cuestiona que el régimen salarial obliga a pagar partidas adicionales fijas —que promedian los $100.000 mensuales por trabajador y llegan a los $250.000 en los cargos más altos— incluso cuando las dragas están paradas por rotura o mantenimiento. «El cobro de partidas por encima del salario regular debe estar estrictamente ligado al cumplimiento de las tareas», señalaron desde la ANP, calificando el esquema vigente como un «desincentivo al trabajo».

Finalmente, el comunicado oficial criticó las medidas sindicales en el sector, afirmando que «no es justo tomar de rehén al país para cobrar sobresueldos sin cumplir con las tareas», e instó a flexibilizar las condiciones para asegurar la navegabilidad de buques de gran porte, un factor clave para el sector exportador uruguayo.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería confirmó la actualización de los precios al consumo basándose en la evolución internacional del Precio de Paridad de Importación (PPI), mientras que el supergás mantendrá su valor subsidiado sin modificaciones.

El Poder Ejecutivo resolvió modificar el cuadro tarifario de las naftas y el gasoil para el próximo período mensual. Esta resolución responde de manera directa a la política de revisiones periódicas implementada por la actual administración, alineada con las fluctuaciones del mercado internacional y los informes técnicos del sector energético.

La cotización de la Nafta Súper 95 experimentará una suba en el surtidor, consolidando la tendencia al alza registrada en los mercados de referencia durante las últimas semanas. Por su parte, el Gasoil 50S también sufrirá un incremento en su valor por litro, impactando en el esquema logístico de los sectores productivo y de transporte de carga nacional.

A diferencia de los combustibles líquidos, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) resolvió mantener congelado el precio del supergás. El propósito de la medida radica en mitigar el impacto socioeconómico en los hogares uruguayos, asegurando la continuidad del subsidio estatal para el gas licuado de petróleo (GLP), considerado un insumo crítico de cara a la demanda doméstica de calefacción y cocción.

Desde el Poder Ejecutivo se remarcó que las variaciones aplicadas se ajustan estrictamente a la metodología tarifaria vigente. Este mecanismo fue diseñado para reflejar la realidad de los costos reales de importación de la empresa estatal ANCAP, evitando de esta manera desajustes financieros y garantizando la predictibilidad económica en el mediano plazo.

El encuentro se dio en el marco de la REAF Mercosur y busca adaptar el modelo europeo de control y vigilancia a la cadena láctea local.
La Comisión de Trabajo en “Facilitación del Comercio” de la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) del Mercosur mantuvo una reunión clave con una delegación de Italia. El encuentro se desarrolló en el marco del proyecto de cooperación internacional enfocado en la «Seguridad alimentaria: Programa de cooperación sobre la vigilancia y control de la inocuidad de los alimentos», un plan conjunto impulsado por la Organización Internacional Italo-Latinoamericana (IILA) y el Instituto Zooprofiláctico Experimental de Venecia (IZSVe).

El objetivo principal de esta iniciativa es promover y potenciar el desarrollo de la cadena láctea uruguaya, con un énfasis especial en el sector de la quesería artesanal.

Durante las jornadas de trabajo, las delegaciones realizaron visitas técnicas a distintos establecimientos productivos locales para evaluar los procesos actuales y detectar áreas de mejora. Gabriel Isola, director de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) y referente alterno de Uruguay ante la REAF Mercosur, destacó el valor estratégico de este intercambio bilateral.

“Estas experiencias son muy oportunas para adaptar, en cierta medida, a las realidades de nuestros países, especialmente en lo vinculado a la producción láctea y, en particular, a la quesería artesanal que visitamos durante estos días, donde identificamos una serie de oportunidades para desarrollar”, señaló Isola.

La IILA, organismo que actúa como puente en este proyecto, fue fundada en 1966 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia con el propósito de coordinar acciones entre el país europeo y 20 naciones de América Latina, una región que actualmente representa el 9% de la población mundial y el 10% del PIB global. A través de este programa, se espera implementar mejoras en los estándares de vigilancia sanitaria que faciliten el comercio y otorguen mayor valor agregado a los productos artesanales uruguayos.