Este lunes 25, en la Torre Ejecutiva, se presentó el programa Libertad Segura, destinado a garantizar condiciones efectivas para la inclusión social de personas liberadas del sistema penitenciario con ayudas en materia laboral y de vivienda. La iniciativa piloto, destinada a 350 personas, funciona para incrementar los apoyos a la totalidad de las población carcelaria, con la asistencia de instituciones públicas y privadas. Estas últimas posibilitarán, a través de contratos de trabajo, insertarlas en la vida en sociedad, para que cuenten con un proyecto de vida, dijo Sánchez.
La primera etapa del plan Libertad Segura comenzará en las próximas semanas, cuando los primeros seleccionados actualicen o accedan a su documentación básica, como la cédula de identidad, lo que les permitirá acceder a los servicios sanitarios, una Tarjeta Uruguay Social, cursos impartidos por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), construcción de sus perfiles laborales, boletos de transporte público y el acceso a un empleo protegido por un año, según describieron jerarcas del Gobierno nacional este lunes 25 en Torre Ejecutiva. En una primera etapa, la Intendencia de Montevideo incorporará personal en el marco de este proyecto.
“Si realmente queremos resolver el problema de convivencia y seguridad, si queremos romper el círculo vicioso de pobreza, violencia y delito, este es uno de los instrumentos que tenemos que llevar adelante”, aseguró el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, en la presentación del programa.

En ese sentido, recordó que la población carcelaria en Uruguay crece desde hace 30 años sin interrupciones. “Hoy encuentra a un gobierno, encabezado por (el presidente) Yamandú Orsi, que entiende que las respuestas a un problema complejo requieren respuestas audaces; no porque no se hayan hecho antes, sino porque tiene vocación para crear un plan piloto para 350 personas, que tiene intención de crecer y que busca involucrar a las instituciones públicas y privadas para que estas personas se reinserten (en la sociedad) por medio del trabajo”, definió.
Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, explicó que Libertad Segura procura dos objetivos. El primero es evitar la reincidencia para mejorar la convivencia, debido a que tres de cada diez liberados vuelve a delinquir antes de los seis meses y dos terceras partes antes de los tres años. En segundo lugar, afirmar “el derecho de las personas de construir un proyecto de vida en libertad”.

Enumeró los riesgos a los que se enfrentan las personas liberadas del sistema carcelario:

Ausencia de espacios sociales de contención como la familia.
Falta de un lugar para vivir.
Ingresos predecibles.
Exposición a las redes del crimen organizado.
Falta de accesos a tratamientos sanitarios, incluido salud mental.
Retorno a circuitos que amenazan la equidad y cierra las oportunidades a una vida digna.
Jerarcas destacan a Libertad Segura como una política integral para reducir la reincidencia al delito, mejorar la seguridad y promover la convivencia
Por su parte, el ministro del Interior (MI), Carlos Negro, afirmó que ninguna política de seguridad resulta sostenible sin el correlato de condiciones reales para el reingreso social saludable. Al respecto, explicó que el Plan Nacional de Seguridad Pública integra programas laborales y educativos, soluciones habitacionales transicionales y dispositivos de gestión integrada del egreso carcelario.

La reinserción social no es una responsabilidad exclusiva del MI, es una política pública de seguridad integral que requiere la coordinación de los sectores públicos y privados, aseveró, en su oratoria.

“Donde el Estado no acompaña, esa transición aumenta la probabilidad de reincidencia, exclusión y reproducción de la violencia; por eso, este programa apuesta a una lógica distinta, se trata de construir trayectorias integrales de reingreso que comiencen intramuros y continúen después de la liberación, con acompañamiento, acceso a servicios y oportunidades de reinserción laboral y social”, dijo
La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, destacó que el programa prioriza la dimensión de género porque, si bien la población femenina representa solo el 10% del total de población carcelaria, tiene necesidades específicas. Mencionó diferencias sustanciales sobre la relación de las mujeres con el delito.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, expresó que esa secretaría de Estado desempeñará un rol preponderante desde la labor de los equipos técnicos de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali). Expresó que varios ministerios integran una importante red de trabajo que posibilitará atender la realidad de los casi 17.000 privados de libertad.

Por su lado, el titular de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, explicó que los técnicos de la cartera entienden que el trabajo no es solo un ingreso económico, organiza la vida cotidiana, organiza vínculos, genera autonomía y permite construir proyectos de vida. Para facilitar el acceso a ello, el rol del ministerio en este programa será el apoyo desde el preegreso de cárceles, con capacitación y construcción de perfiles laborales. Posteriormente, a la salida de prisión, primero, con empleo protegido y, luego, con apoyo hacia el empleo privado formal. En este marco, mencionó los beneficios fiscales incluidos en el proyecto de Ley de Empleo Integral que está bajo estudio parlamentario.

En la mesa de presentación del programa Libertad Segura también estuvo el intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien aseguró que participarán 300 varones y 50 mujeres en los planes de empleo protegido por un año. Definió a este programa como “una respuesta política a una demanda de la sociedad” que compromete un “esfuerzo que vale la pena”.

El Consejo Empresarial por la Ética de la Inteligencia Artificial es una iniciativa de Unesco orientada a promover prácticas éticas, tanto en el desarrollo como en el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) por parte de las empresas. El director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, Pablo Siris, señaló que Uruguay procura regular para proteger derechos sin detener el desarrollo tecnológico.
La Unesco presentó en Uruguay la integración del Consejo Empresarial por la Ética de la Inteligencia Artificial, un espacio de intercambio entre empresas de todos los sectores y de distintos tamaños, orientado a promover un marco ético tanto en el diseño como en el uso de esta herramienta. Si bien es una instancia que nuclea a empresas, actuará como espacio de intercambio con representantes del sector público vinculados a la temática.

El director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, Pablo Siris, señaló que toda transformación tecnológica genera incertidumbre y, como tal, la IA abre nuevos debates. Con el desarrollo de esta herramienta surgen desafíos éticos y jurídicos sobre la protección de las personas que se deben afrontar al tiempo que se adoptan las tecnologías.

Desde Uruguay se propone legislar para proteger derechos, con estándares abiertos y amplia participación técnica. El funcionario advirtió que una regulación “hiperprecavida” puede detener la productividad y la innovación. “Eso no es lo que queremos”, aseguró.

En este contexto, señaló que el debate no debe ser si regular o no, sino cómo adoptar normas para que la cautela no bloquee el desarrollo tecnológico ni la soberanía digital. Uruguay busca un equilibrio inteligente, expresó. La meta no es prohibir, sino proteger derechos ciudadanos y la ética de los datos sin asfixiar la innovación local.
Por su parte, la directora de la Agencia del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Comunicación y el Conocimiento (Agesic), Cristina Zubillaga, calificó como una “grata noticia” la instalación del consejo y destacó dos cuestiones que vinculan a todo el sistema: los principios éticos para el uso de la tecnología y elementos de soberanía que afectan al uso de los datos, la gestión del conocimiento y las operaciones.

Asimismo, adelantó que próximamente se habilitará una plataforma de participación ciudadana para recoger distintas visiones sobre la regulación de la IA y mecanismos de gobernanza.

Por su parte, el director de la Oficina Regional de la Unesco, Ernesto Fernández Polcuch, consideró que la IA guarda directa relación con las empresas, las universidades y los gobiernos. Desde el organismo se privilegia el diálogo entre las empresas y los organismos estatales vinculados a la tecnología, “con reglas claras y aceptadas por todos”, aseguró.

La ética en la IA desde la educación
“¿Cómo hacemos para preparar a nuestros niños para que entiendan de forma crítica los entornos digitales donde estamos todos inmersos?”, planteó la presidenta de Ceibal, Fiorella Haim.
La jerarca señaló que Ceibal trabaja desde hace 19 años en la promoción del pensamiento crítico en niños, adolescentes, docentes y comunidades educativas en los entornos digitales en los que se encuentran inmersos, entre los cuales se incluye el uso de la IA.

Haim dedicó un capítulo al tema de género relacionado con las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM, por sus siglas en inglés). Dijo que, desde Ceibal se trabaja en conjunto con Unesco y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), para promocionar la participación de niñas.

La jerarca anunció que en octubre Ceibal presentará, junto con la Unesco, varios proyectos desarrollados en el laboratorio de IA en Educación, que trabaja desde el pasado año.

Consejo se constituirá como espacio de reflexión sobre IA
El integrante del Consejo Empresarial por la Ética de la Inteligencia Artificial, Carlos Acle, explicó que dicho ámbito está conformado por un conjunto de empresas y que se procura integrar al sector privado y diferentes grupos de interés en un mismo espacio de intercambio.

El jerarca mencionó dos dimensiones de esta materia. Por un lado, la formación para los empresarios y la sensibilización de la sociedad. Entender su funcionamiento para luego ver cómo se aplica es uno de los cometidos fundamentales de la iniciativa, precisó.

Por el otro, se refirió al mantenimiento de vínculos estrechos con otras instituciones, para que el sector privado esté presente en la discusión y la elaboración de normativa en la materia.

El entrevistado remarcó que se trata de entender y minimizar los riesgos asociados al crecimiento exponencial que ha presentado la IA en el último tiempo, sobre todo, lo relacionado con el uso y la protección de datos.

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, informó que el objetivo es que el predio de la ex estación central de AFE «General Artigas» tenga un uso comercial, gastronómico, cultural, tecnológico, de desarrollo inmobiliario y transporte. Adelantó que se creó un grupo de trabajo interinstitucional que analizará las propuestas de inversión. «Tiene que haber una participación privada importante”, indicó.

En la mañana del viernes 22, Etcheverry y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, visitaron la antigua Estación Central General Artigas, así como la zona de vías y andenes y los alrededores del predio, donde se realizaron tareas de limpieza y mejora en las condiciones de seguridad.

Durante la visita observaron el avance de la limpieza, iluminación, cercado y evaluaciones técnicas a efectos de generar un mejor acondicionamiento de la zona, informó la jerarca, en una rueda de prensa, realizada durante la tarde, en la sede ministerial..

Allí informó que se conformó un equipo entre Presidencia de la República y los ministerios de Transporte y Vivienda a efectos de gestionar la recepción de propuestas para revitalizar la Estación Central y toda la zona. El predio tiene 51.627 m2 entre los tres padrones, unos 13.000 m2 corresponden a la propia estación central.

“Está en un punto clave de la ciudad con todos los servicios”, enfatizó la jerarca, quien acotó que ponerla en funcionamiento permitirá atraer otras inversiones. En ese tenor recordó que entre 2010 y 2019 hubo 14 propuestas que demostraron interés, los que serán el punto de partida para analizar proyectos que tengan financiamiento.
El objetivo es que se transforme en un predio con uso comercial, gastronómico, cultural, tecnológico, desarrollo inmobiliario, transporte y portuario. A su vez, la Intendencia de Montevideo tiene interés porque resolvería el tema hidráulico en la zona del barrio de Aguada, al tiempo que generaría crecimiento y dinamismo laboral, explicó.

Etcheverry consideró que en este proyecto «tiene que haber una participación privada importante”.

En marzo de 2026, el Gobierno y la empresa concesionaria de la otrora Estación Central General Artigas firmaron el acuerdo que puso fin a más de 20 años de litigios judiciales y permitirá al Estado recuperar el espacio. El convenio involucró también al Ministerio de Economía y Finanzas,, el Banco Hipotecario del Uruguay, la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco de Seguros del Estado y el sector privado.