La documentación abarca el período 1968-1985. Además de los originales entregados a la Secretaría para el Pasado Reciente, se facilitaron copias digitalizadas a la Fiscalía de Lesa Humanidad y a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
El Ministerio del Interior realizó este jueves la entrega formal de un conjunto de documentos originales pertenecientes al Archivo Histórico de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, correspondientes al período comprendido entre 1968 y 1985. El material fue recibido por la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia de la República.

La documentación transferida consta de 23 cajas con más de 100 encuadernaciones que suman un total de 73.000 páginas microfilmadas. Asimismo, se distribuyeron copias íntegras en formato digital a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y a la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Optimización del acceso a la información
Durante el acto, la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, subrayó que una de las prioridades de la actual gestión de gobierno ha sido retomar la búsqueda de datos en los archivos institucionales. Valverde enfatizó que los elementos entregados no constituyen «información meramente burocrática, sino información sensible» sobre el período del terrorismo de Estado.

Por su parte, la titular de la Secretaría para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca, explicó que el material fue digitalizado mediante la incorporación de escáneres de última generación adquiridos por Presidencia. Casablanca señaló que este avance permitirá a los investigadores cruzar datos de manera más efectiva, tras advertir un período previo de cinco años sin digitalización de este tipo de documentos.

En la misma línea, la jerarca realizó un llamado público en nombre del Poder Ejecutivo:

«Solicitamos a toda persona que tenga una información, por mínima que sea o que le parezca, que por favor la acerque a la Institución Nacional de Derechos Humanos, a la Secretaría, o a Familiares».

Valoración de las organizaciones de derechos humanos
El representante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea, reconoció la labor realizada por la cartera del Interior y sugirió que el procedimiento debería ser replicado por otras dependencias del Estado, en alusión a los archivos en órbita de las Fuerzas Armadas.

Errandonea destacó positivamente que el acceso al archivo se haya otorgado en bruto y sin intermediaciones analíticas. Respecto al contenido, precisó que si bien el material visualizado hasta el momento —que incluye fichas de detenidos de la denominada ‘Operación Morgan’— no contiene datos directos sobre el paradero de los desaparecidos, resulta de gran relevancia para el análisis contextual de la época.

«Hay información que, de por sí, no es fundamental, pero cuando la unís con otras informaciones van dando pautas de qué puede haber pasado con alguno de nuestros familiares», concluyó el activista.

El Gobierno mantiene “inalteradas” las metas fiscales definidas para 2027 y abre el diálogo entre los ministerios para respaldar con recursos las cuatro áreas que el Gobierno definió como prioritarias, de cara a la próxima Rendición de Cuentas que las autoridades presentarán en junio, informó el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. Por su parte, el director de la OPP, Rodrigo Arim, afirmó que no será presentada una «rendición gasto cero», sino un documento que preservará tanto los compromisos como la programación financiera y fiscal.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, informaron sobre la convocatoria del Consejo de Ministros, focalizada en los lineamientos generales y políticos de la Rendición de Cuentas que el Gobierno presentará al Parlamento el próximo 30 de junio.

En ese contexto, Oddone subrayó que el escenario internacional es muy complejo y, a pesar de ello, por cosas que Uruguay fue construyendo y acciones de este Gobierno, esos efectos están siendo trasladados de manera moderada.

Dijo que se mantienen los compromisos presupuestales establecidos respecto al incremento previsto para 2027; se abre un espacio para las recomendaciones que surgen del Diálogo Social en materia de unificación del esquema de transferencias a la infancia; se reasignarán recursos al interior del Ejecutivo, y se cumplirá con las metas fiscales.

“Nuestra economía, con las correcciones a la baja, está creciendo por encima del promedio de los últimos diez años, estamos generando empleo formal, estamos logrando consolidar un nivel de inflación como no se observa en 20 años y estamos reduciendo pobreza”, subrayó.

Cumplimiento de metas fiscales
Oddone insistió en que, a pesar de escenario internacional complejo, el Producto Bruto Interno de Uruguay sigue creciendo por encima del promedio de la última década; el empleo formal y salario continuaron creciendo; la inflación se estabiliza en los niveles más bajos de los últimos 20 años; la pobreza continúa registrando un reducción, ubicándose en los niveles de 2019, y que, a su vez, durante 2025 y lo que va de 2026, las metas fiscales se están cumpliendo.

Por ello, agregó, el mensaje del equipo económico al Consejo de Ministros, hizo hincapié en señalar que, aún en escenario de restricciones externas, la performance de la economía Uruguay en promedio, está atravesando síntomas de buen desempeño.

El jerarca agregó que se discutieron los lineamientos políticos vinculados a la Rendición de Cuentas que tiene una consideración de carácter temático, poniendo énfasis en cuatro temas:

Infancia (fortalecimiento de políticas vinculadas a infancia)
Fortalecimiento de inversiones y recursos asignados a políticas de seguridad
Foco en personas en situación de calle
Fortalecimiento de dispositivos de empleo
Con esos cuatro focos, dijo que se definió que, los compromisos presupuestales asumidos para 2027 se mantienen y que se está asumiendo como gasto adicional a incorporar en el Presupuesto, la implementación de las recomendaciones del Diálogo Social en materia de unificación del esquema de transferencias y potenciación de gastos asociados a infancia.

Durante la reunión del Consejo de Ministros de este miércoles 27 en Torre Ejecutiva, encabezada por el presidente Yamandú Orsi, las autoridades del equipo económico presentaron los lineamientos para la elaboración de la Rendición de Cuentas, proyecto de ley que el Poder Ejecutivo debe presentar al Parlamento en junio, informaron Oddone y Arim.

En la conferencia de prensa posterior a la reunión, Oddone calificó al escenario internacional como “complejo”, con “alto nivel de incertidumbre”, aumento del precio del barril de petróleo y “desaceleración global”. Sin embargo, a pesar de este marco global, el ministro subrayó que el Producto Bruto Interno uruguayo continuó con un crecimiento por encima del promedio de la última década y destacó el crecimiento del empleo y los salarios junto a la estabilización de los precios. En este último punto, señaló que la inflación está en uno de los “niveles más bajos de los últimos 20 años”.

Énfasis para 2027: Infancia, seguridad, situación de calle y empleo
En este contexto, los lineamientos para el trabajo hacia la próxima Rendición de Cuentas profundizarán en mayores recursos para cuatro áreas. Oddone las mencionó: “Fortalecimiento de los recursos vinculados a infancia; fortalecimiento a inversiones y recursos asignados a políticas de seguridad, con foco en el Ministerio del Interior; atención a las personas en situación de calle y fortalecimiento de dispositivos vinculados a la temática, y apoyo a los lineamientos establecidos en el proyecto de Ley de Empleo Integral».

Para cumplir con esos objetivos, en un contexto de mayor incertidumbre, el ministro insistió en que las metas fiscales establecidas por la Ley de Presupuesto se mantienen en todo su rigor. Añadió que las autoridades acordaron el inicio de un proceso bilateral entre el equipo económico y los ministerios para llevar adelante las reasignaciones de recursos necesarias para cumplir con los objetivos mencionados.

Oddone informó que la unificación de transferencias, primera de las cuatro metas comprometida por el Gobierno y que también se encuentra en el documento final del Diálogo Social, está estimada en 30 millones de dólares para 2027. Para los próximos años, añadió el jerarca, los técnicos continúan con las tareas para proyectar los requerimientos financieros dirigidos a este objetivo.
Por su parte, Arim reafirmó que la actual no será una “rendición de gasto cero”, sino que el trabajo del Gobierno preserva el compromiso financiero y fiscal establecido en el Presupuesto Nacional 2026-2030 y toma la iniciativa política de destacar con recursos las áreas mencionadas en el Consejo de la jornada, que definió como fundamentales para la ciudadanía.

“En el conjunto de incertidumbre que nos rodea, hay una Rendición de Cuentas que prioriza las áreas que consideramos centrales para la ciudadanía hoy”, insistió.

Gobierno impulsará inversiones con tres iniciativas legislativas
Respecto a iniciativas sobre crecimiento económico, Oddone adelantó que en las próximas semanas se presentará la Ley de Competitividad, Innovación y Reducción del Costo de Vida, un conjunto de capítulos vinculados a facilitación de comercio, mejora de la competencia, orientadas a desburocratizar, a generar vínculos entre contribuyentes y el Estado más eficientes.

En simultáneo, se está trabajando con Presidencia de la República en medidas vinculadas al riego, y con el Ministerio de Industria, en temas vinculados a los costos energéticos para el fomento de inversiones en el país, y con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la reducción de costos logístico.

Este lunes 25, en la Torre Ejecutiva, se presentó el programa Libertad Segura, destinado a garantizar condiciones efectivas para la inclusión social de personas liberadas del sistema penitenciario con ayudas en materia laboral y de vivienda. La iniciativa piloto, destinada a 350 personas, funciona para incrementar los apoyos a la totalidad de las población carcelaria, con la asistencia de instituciones públicas y privadas. Estas últimas posibilitarán, a través de contratos de trabajo, insertarlas en la vida en sociedad, para que cuenten con un proyecto de vida, dijo Sánchez.
La primera etapa del plan Libertad Segura comenzará en las próximas semanas, cuando los primeros seleccionados actualicen o accedan a su documentación básica, como la cédula de identidad, lo que les permitirá acceder a los servicios sanitarios, una Tarjeta Uruguay Social, cursos impartidos por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), construcción de sus perfiles laborales, boletos de transporte público y el acceso a un empleo protegido por un año, según describieron jerarcas del Gobierno nacional este lunes 25 en Torre Ejecutiva. En una primera etapa, la Intendencia de Montevideo incorporará personal en el marco de este proyecto.
“Si realmente queremos resolver el problema de convivencia y seguridad, si queremos romper el círculo vicioso de pobreza, violencia y delito, este es uno de los instrumentos que tenemos que llevar adelante”, aseguró el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, en la presentación del programa.

En ese sentido, recordó que la población carcelaria en Uruguay crece desde hace 30 años sin interrupciones. “Hoy encuentra a un gobierno, encabezado por (el presidente) Yamandú Orsi, que entiende que las respuestas a un problema complejo requieren respuestas audaces; no porque no se hayan hecho antes, sino porque tiene vocación para crear un plan piloto para 350 personas, que tiene intención de crecer y que busca involucrar a las instituciones públicas y privadas para que estas personas se reinserten (en la sociedad) por medio del trabajo”, definió.
Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, explicó que Libertad Segura procura dos objetivos. El primero es evitar la reincidencia para mejorar la convivencia, debido a que tres de cada diez liberados vuelve a delinquir antes de los seis meses y dos terceras partes antes de los tres años. En segundo lugar, afirmar “el derecho de las personas de construir un proyecto de vida en libertad”.

Enumeró los riesgos a los que se enfrentan las personas liberadas del sistema carcelario:

Ausencia de espacios sociales de contención como la familia.
Falta de un lugar para vivir.
Ingresos predecibles.
Exposición a las redes del crimen organizado.
Falta de accesos a tratamientos sanitarios, incluido salud mental.
Retorno a circuitos que amenazan la equidad y cierra las oportunidades a una vida digna.
Jerarcas destacan a Libertad Segura como una política integral para reducir la reincidencia al delito, mejorar la seguridad y promover la convivencia
Por su parte, el ministro del Interior (MI), Carlos Negro, afirmó que ninguna política de seguridad resulta sostenible sin el correlato de condiciones reales para el reingreso social saludable. Al respecto, explicó que el Plan Nacional de Seguridad Pública integra programas laborales y educativos, soluciones habitacionales transicionales y dispositivos de gestión integrada del egreso carcelario.

La reinserción social no es una responsabilidad exclusiva del MI, es una política pública de seguridad integral que requiere la coordinación de los sectores públicos y privados, aseveró, en su oratoria.

“Donde el Estado no acompaña, esa transición aumenta la probabilidad de reincidencia, exclusión y reproducción de la violencia; por eso, este programa apuesta a una lógica distinta, se trata de construir trayectorias integrales de reingreso que comiencen intramuros y continúen después de la liberación, con acompañamiento, acceso a servicios y oportunidades de reinserción laboral y social”, dijo
La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, destacó que el programa prioriza la dimensión de género porque, si bien la población femenina representa solo el 10% del total de población carcelaria, tiene necesidades específicas. Mencionó diferencias sustanciales sobre la relación de las mujeres con el delito.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, expresó que esa secretaría de Estado desempeñará un rol preponderante desde la labor de los equipos técnicos de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali). Expresó que varios ministerios integran una importante red de trabajo que posibilitará atender la realidad de los casi 17.000 privados de libertad.

Por su lado, el titular de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, explicó que los técnicos de la cartera entienden que el trabajo no es solo un ingreso económico, organiza la vida cotidiana, organiza vínculos, genera autonomía y permite construir proyectos de vida. Para facilitar el acceso a ello, el rol del ministerio en este programa será el apoyo desde el preegreso de cárceles, con capacitación y construcción de perfiles laborales. Posteriormente, a la salida de prisión, primero, con empleo protegido y, luego, con apoyo hacia el empleo privado formal. En este marco, mencionó los beneficios fiscales incluidos en el proyecto de Ley de Empleo Integral que está bajo estudio parlamentario.

En la mesa de presentación del programa Libertad Segura también estuvo el intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien aseguró que participarán 300 varones y 50 mujeres en los planes de empleo protegido por un año. Definió a este programa como “una respuesta política a una demanda de la sociedad” que compromete un “esfuerzo que vale la pena”.