Gobierno autoriza inicio de prospección sísmica en la costa uruguaya bajo estrictos controles ambientales

El Poder Ejecutivo aprobó el plan de gestión para la exploración en aguas jurisdiccionales. La actividad comienza este viernes 6 de marzo con un protocolo de mitigación que incluye observadores universitarios a bordo y restricciones temporales para proteger la fauna marina.

A partir de este viernes 6 de marzo, Uruguay da inicio a las tareas de prospección sísmica en su plataforma marítima, tras recibir la autorización del Poder Ejecutivo y la aprobación del plan de gestión ambiental correspondiente. Según fuentes oficiales, el proyecto se ejecutará bajo una normativa de protección que se posiciona entre las más exigentes a nivel internacional.

Desde el gobierno se enfatizó que no se han realizado actividades previas sin la debida autorización. Las autoridades destacaron que, si bien la prospección no es una práctica nueva en el país, esta etapa contará con medidas de control reforzadas para minimizar el impacto sobre el ecosistema marino, específicamente en cetáceos, pinnípedos y tortugas.

Protocolos de mitigación y protección ambiental

La Evaluación de Impacto Ambiental, validada por el Ministerio de Ambiente, establece condiciones operativas rigurosas:

Ventanas temporales: La ejecución se restringirá a los períodos de menor afectación para la fauna y la pesca industrial (Categoría A).

Radios de exclusión: Se determinó un radio de mitigación de un kilómetro. En caso de detectarse presencia de fauna marina dentro de esta área, la actividad debe detenerse de inmediato o postergar su inicio.

Arranque progresivo: Se implementará un inicio gradual de las señales para permitir el alejamiento natural de las especies.

Veda de área: Una vez finalizada la prospección, no se permitirá realizar nuevas actividades sobre la misma zona por un período mínimo de cinco años.

Supervisión técnica y control estatal

Para garantizar el cumplimiento de estas normas, el buque contará con la presencia permanente de seis observadores de fauna marina (OFM) y especialistas en monitoreo acústico pasivo (PAM). Se trata de profesionales universitarios del área biológica con experiencia acreditada en alta mar.

Estos expertos, aprobados por el Ministerio de Ambiente, tienen la responsabilidad de reportar directamente a dicha cartera y a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA). Aunque el costo de sus servicios es cubierto por la empresa titular del proyecto, su dependencia técnica y operativa responde exclusivamente a los organismos estatales.

Finalmente, el Gobierno informó que durante los meses de marzo y abril se realizarán inspecciones adicionales a bordo por parte de funcionarios de los ministerios de Ambiente y Ganadería, Agricultura y Pesca para supervisar de primera mano que se respeten todas las condiciones impuestas en la autorización ambiental.