El implicado fue vinculado al robo de mercadería en un depósito sobre la Ruta 21. Deberá cumplir una pena de 18 meses bajo régimen de libertad a prueba.
La Justicia de Carmelo dictó sentencia definitiva contra un joven de 19 años, identificado como J.S.E., tras comprobarse su responsabilidad en una serie de ilícitos que afectaron a un establecimiento comercial de la zona. La investigación se centró en el faltante de mercadería de un depósito ubicado en las inmediaciones de la Ruta 21.

Tras la denuncia presentada por los damnificados, el personal policial desplegó un operativo de inteligencia que permitió identificar al ahora condenado. Según fuentes judiciales, el joven fue hallado responsable de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de hurto especialmente agravado.

Detalles de la condena
La pena impuesta es de 18 meses de prisión, la cual se sustituirá por un régimen de libertad a prueba bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA). Las condiciones impuestas por la sede judicial incluyen:

Arresto domiciliario total: Durante los primeros tres meses de la condena.

Fijación de residencia: Sujeta a supervisión permanente.

Servicio comunitario: Dos meses de tareas comunitarias (4 horas semanales).

Presentación semanal: Obligación de comparecer ante la seccional policial de su domicilio.

El caso cierra una etapa de investigación que buscaba desarticular la operativa de ingresos ilegales a depósitos en los accesos a la ciudad de Carmelo.

La Justicia de Colonia dictó una pena de ocho meses de prisión efectiva para el implicado, quien fue hallado responsable de maniobras fraudulentas contra la propiedad.
La Jefatura de Policía de Colonia confirmó la condena de un hombre de 23 años, identificado por las iniciales J.R., tras una investigación llevada a cabo por el personal del área operativa. El implicado fue vinculado a una serie de maniobras fraudulentas bajo la modalidad de estafa que afectaron a diversos ciudadanos en la zona.

Según el reporte oficial, las actuaciones policiales permitieron identificar y detener al sospechoso en las últimas horas. Tras ser puesto a disposición de la Justicia Letrada de Rosario, se determinó su responsabilidad penal en los hechos investigados.

El magistrado actuante resolvió condenar a J.R. como coautor de dos delitos de estafa, ambos en régimen de reiteración real. Cabe destacar que uno de los delitos se tipificó en grado de tentativa. La sentencia establece una pena de ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Desde la Jefatura se destacó que el esclarecimiento de estos hechos fue posible gracias al trabajo de las unidades operativas locales, que continúan monitoreando este tipo de modalidades delictivas contra la propiedad en el departamento.

El imputado, de 48 años, fue hallado responsable de dos delitos de lesiones personales y cumplirá una pena de cinco meses de prisión en régimen de libertad a prueba.
La Justicia de Colonia dictó sentencia contra un hombre de 48 años, identificado por las iniciales M.G.S., tras comprobarse su responsabilidad en un ataque con arma blanca ocurrido el pasado 12 de enero en la capital departamental. El caso fue resuelto tras una investigación llevada adelante por el equipo de la Zona Operacional I de la Jefatura de Policía local.

El incidente original tuvo lugar a principios de este año, cuando un ciudadano resultó herido tras ser agredido con un objeto punzante. A partir de la denuncia, los efectivos policiales iniciaron una serie de diligencias y relevamiento de pruebas que permitieron identificar a M.G.S. como el autor material de la agresión.

Tras ser detenido y puesto a disposición de la Fiscalía, el indagado fue conducido a la sede judicial. Allí, el magistrado actuante resolvió condenarlo como autor penalmente responsable de dos delitos de lesiones personales en régimen de reiteración real.

La pena impuesta es de cinco meses de prisión, los cuales se cumplirán bajo el régimen de libertad a prueba. Durante este período, el condenado deberá cumplir con las condiciones legales habituales, que incluyen fijación de domicilio y supervisión de la autoridad correspondiente.